El indulto de 428 bolivianos que habitaban prisiones de Chile —todos acusados por tráfico de drogas— marcó la semana por ser un hecho sin precedentes, y por las historias y escenas conmovedoras de reencuentros familiares que se dieron cuando estos hombres y mujeres pisaron de nuevo su tierra natal, como ciudadanos libres. Algunos volvieron con profesiones, sea como expertos en gastronomía, en corte y confección o en repostería; una muestra de que es posible la ansiada reinserción social en los penales.
Exautoridades y especialistas penitenciarios bolivianos sostienen que la terapia carcelaria que debe brindar el Estado a los reos para que dejen atrás los barrotes de sus celdas y retornen “rehabilitados” a la sociedad, o sea, para que no vuelvan a caer en la tentación del delito, es casi una utopía en los reclusorios del país, a pesar de que es una obligación reconocida por la Constitución Política.
Es que las condiciones para la “reforma” de los privados de libertad (sea mediante el estudio, el trabajo, las actividades recreativas, etcétera) es una cuenta pendiente de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y su reglamentación; condiciones que han sido perforadas por la triste realidad de las cárceles y carceletas de los nueve departamentos, donde imperan el hacinamiento, la ausencia de servicios básicos, la retardación de justicia y dotación de prediarios, la falta de atención médica y de educación… Además que estos lugares se han convertido en espacios donde la delincuencia se “contagia” a aquellos que son presuntamente inocentes; algo preocupante, si se toma en cuenta que, de acuerdo con datos oficiales, al menos 84% de los internos no tiene sentencia condenatoria o se halla detenido de manera preventiva.
Todas estas limitaciones confluyen para no lograr el objetivo de la reinserción social. Por ello, la apertura en 2011 del centro de rehabilitación juvenil de Qalauma, en la localidad de Viacha, es vista como un paso inicial para, de una vez, cambiar este sombrío panorama; porque allí los muchachos infractores de la ley se rehabilitan aprendiendo panadería, agronomía y artesanía, en instalaciones que respetan sus derechos.
En estos tiempos en que para despoblar las prisiones se discute un indulto para los reclusos encerrados por primera vez o por delitos de bagatela; o que se busca que, ahora sí, los niños ya no vivan junto a sus padres y madres en las celdas de los penales, hace falta una solución más integral para el problema penitenciario boliviano (donde la reinserción social es uno de los puntos), un giro de timón en las políticas que rigen el tema. Y ello tiene que ver, ante todo, con el cumplimiento de las leyes que, generalmente, son buenas intenciones de tinta y papel que no se reflejan en la realidad.
