Según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), de las 471 cooperativas de ahorro registradas en el país, sólo 25 tienen licencia para operar. Es decir que únicamente el 5% es controlado por el Estado; el resto está en proceso de adecuación a la Ley de Bancos y Entidades Financieras (59), dejó de funcionar o bien opera sin ningún control.
Las cooperativas que están siguiendo un proceso de regulación, para poder funcionar legalmente, son de tipo societario. Esto significa que son entidades de ahorro y crédito que funcionan con el capital de sus socios, que vendrían a ser los ahorristas. La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Luis, que semanas atrás se declaró en quiebra, dejando a miles de familias en aprietos, pertenece a este último grupo. Esto significa que las personas que le confiaron su dinero se convirtieron en sus socios, y como tales, en teoría deben asumir también las pérdidas de “su” entidad; en particular aquellos cuyos depósitos superan los $us 5.000.
Algo que parece injusto, si se toma en cuenta que en la mayoría de los casos se trata de ahorros familiares acumulados luego de muchos años de trabajo y esfuerzo. El error de estas personas fue confiar en una cooperativa de dudosa sostenibilidad, que no supo (o no quiso) manejar bien su dinero, ya sea presentándolo a deudores insolventes o desviándolo a otros rubros, como la compra y venta de inmuebles y terrenos, en busca de mayores ganancias.
Cabe preguntarse: ¿por qué la gente confió sus ahorros a una cooperativa de este tipo? Porque sin duda ofrecía tasas de interés bastante más elevadas que las de los bancos o de las 25 cooperativas abiertas que sí cuentan con el aval de la Asfi. Se trata de un principio bastante extendido en el mundo de las finanzas: cuanto mayor es el riesgo, mayor es la ganancia.
Y es que para poder cumplir con unas tasas de interés mayores a las del mercado formal, este tipo de cooperativas debe incurrir o bien en operaciones de mayor riesgo, o bien en estrategias ilegales, como emplear el capital de nuevos “socios” para pagar los intereses de los depósitos, cuando lo que corresponde es que lo hagan con las utilidades que se obtienen cuando esos recursos son bien manejados.
Por otro lado, cabe preguntarse por qué el Estado permite que cooperativas operen sin licencia de funcionamiento ni políticas de prudencialidad (como por ejemplo mayores aportes de capital de los dueños), poniendo en riesgo el ahorro de los hogares bolivianos.
Como se mencionó anteriormente en este mismo espacio, la quiebra de esta cooperativa cruceña así como las estadísticas señaladas anteriormente demandan el desarrollo urgente de un marco normativo claro y consistente que permita una fiscalización eficaz de las entidades financieras; y que obligue a las cooperativas a trabajar con mayor responsabilidad y cuidado.
