Varios gobiernos europeos han decidido emprender una cruzada contra las bebidas azucaradas, similar a la que se libra contra el tabaco. La administración de Sarkozy fue la que dio el primer batacazo, con la aprobación en 2011 de un impuesto para los refrescos edulcorados. Medida que Italia también piensa aplicar, pero con una tasa mayor, que se prevé le permitirá recaudar cada año $us 300 millones (Francia recibe $us 180 millones).
Una cifra nada despreciable, sobre todo en tiempos de crisis. En Finlandia se estudia la posibilidad de gravar no sólo a los refrescos, sino también al chocolate y a los helados. Afán que no se limita a Europa; por ejemplo, en Nueva York está prohibida la venta de refrescos extragrandes.
Argumentos no faltan para justificar estas determinaciones; pues, además de obesidad, se sabe que el exceso de azúcar puede provocar hipertensión, diabetes, ataques al corazón y dolencias en los huesos. Enfermedades que representan un elevado costo para los sistemas de atención. Como es de suponer, la industria de las bebidas ha manifestado su rechazo, señalando que los impuestos más que una mejora en la salud pública van detrás del dinero. Habrá que esperar los resultados; no obstante, resulta evidente que gravar las bebidas azucaradas ayudará a reducir su consumo.
