La CAF presentó su reporte de economía y desarrollo sobre la necesidad de fortalecer la conexión de los ingresos y gastos para lograr que las finanzas públicas contribuyan al desarrollo. Parte el estudio de la premisa que el “Estado, como actor clave en el desarrollo económico,” tiene el rol de promover el crecimiento económico con inclusión social, en el marco de la provisión directa de bienes y servicios públicos. Considera tres variables claves: redistribución, eficiencia y representación. Lo óptimo sería por tanto que el manejo de las finanzas públicas logre estos tres objetivos simultáneamente, aspecto que no es fácil.
La discusión permanente de los economistas es sobre el tamaño del Estado, el nivel y la composición del gasto público; pero el ciudadano también se pregunta, ¿por qué gasta tanto el Estado? Sin embargo, es claro, como dice el estudio, que: “el nivel de impuestos y gastos gana participación en el PIB a medida que las economías se desarrollan”. La llamada Ley de Wagner explica la relación positiva entre el tamaño del Estado, medido por el nivel de gastos o impuestos, y el ingreso per cápita. Esto quiere decir que a mayor desarrollo, mayor tamaño del Estado, aspecto que iría contra el pensamiento neoliberal a primera vista.
El estudio da evidencia para países desarrollados y en desarrollo. En el caso de América Latina, el gasto público es del 21% del PIB, y este nivel sería menor que el que le correspondería dado su nivel de desarrollo. En el caso de Bolivia, con base en los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, los gastos consolidados del Sector Público No Financiero en 2011 representaban el 34,9% del PIB. Uno de los objetivos del reporte es de analizar los determinantes de la evolución del tamaño del Estado y sus funciones a lo largo del proceso de desarrollo, aunque obviamente ésta es una tarea muy ambiciosa, dado que cada país es una experiencia concreta histórica.
Uno de los temas que llama más la atención, sobre todo para el caso boliviano, es el de recursos naturales y el vínculo del ciudadano con el Estado. En nuestro medio, diversos estudios sobre la renta de los hidrocarburos y de los minerales en general han tendido a calificar el problema como “rentismo” en sentido peyorativo.
El estudio de la CAF señala que en América Latina la participación de la renta de minerales e hidrocarburos en los presupuestos aumentó del 18% al 35%, y del 5% del PIB en 2002 al 11% en 2008. Plantea que el aumento de la renta no sólo se debió a precios, sino a cambios en el régimen para aumentar la participación del Estado.
Es a partir de 2003, cuando se inicia el ciclo favorable de los precios de las materias primas, que la tendencia fue a incrementar la participación del Estado en las rentas, a través de la estatización de la actividad, la renegociación de los contratos o de incrementos en las regalías e impuestos. En el caso de Bolivia, la discusión de los analistas se centró en que si fue nacionalización o no; en mi opinión, fue a través de las tres modalidades.
¿Qué pueden hacer los países con elevadas rentas de recursos naturales? El estudio recomienda reglas presupuestarias claras que faciliten el monitoreo de manera de desvincular la trayectoria del gasto de las fluctuaciones de las rentas. Sugiere relaciones contractuales transparentes con las empresas productoras y la presencia de contrapesos en el proceso de decisiones presupuestarias: Ejecutivo, Parlamento y ciudadanos.
