La mezquindad-ceguera política, está visto, no tiene límites. Ante la causa común de la extradición de Sánchez de Lozada por la masacre de octubre, y la indignación colectiva ante la negativa imperial de que el exmandatario venga a rendir cuentas con la Justicia, una senadora opositora no logra articular un mejor comentario que no sea: “(eso) demuestra que en Bolivia no existen las condiciones para procesar a los perseguidos políticos” (sic). Y al actual jefe del MNR le va peor: “es una acción distractiva del Gobierno” (doble sic).
Con semejante razonamiento, totalmente desubicado para el caso, tendríamos que concluir que Goni es un perseguido del evismo y que la noticia de que Estados Unidos rechaza su extradición constituye una maniobra gubernamental para engañar a la ciudadanía. Qué tal. Falta que estos olvidadores nos quieran dar lecciones de amnesia. Olvidan que, como enseña el buen Benedetti, “el olvido está lleno de memoria”.
Pero vayamos a la sustancia. Dicen que hay 60 razones para que Sánchez de Lozada sea extraditado (o expulsado, habrá que demandar ahora) desde su actual refugio. Quizás sean menos. O más. Anoto algunas: justicia, no a la impunidad, memoria, democracia sin esquinas rotas, esperanza, dignidad, porvenires, nunca más…
Pero lo que en verdad pesa como fundamento para la presencia en Bolivia, ante los tribunales, del exprimer mandatario y sus incondicionales, más que “razones”, son seres humanos. Hablo de esos 60 compatriotas a quienes en octubre de 2003 les fue arrebatado el derecho humano más elemental: a la vida. Ciudadanos y ciudadanas que estuvieron aquí. Y ya no están.
Casi todos ellos murieron por impacto de bala. Y no son fantasmas. Ni sólo recuerdos. No constituyen un dato más para la historia nacional de la infamia o la “estadística” de la violencia estatal. Son gente que vivía entre nosotros (de cinco años de edad, el más pequeño; de 68, el mayor). Personas cuyos nombres-identidad bien vale la pena conservar en la memoria como recordatorio-contraseña de asignatura pendiente.
Es por esta inmensa causa: 60 vidas perdidas, que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, en especial, deben ser extraditados para enfrentar el proceso legal iniciado en su contra. El objetivo es tan evidente cuanto irrefutable: establecer los hechos, definir responsabilidades, sancionar a los culpables. No en afán de venganza, ya se sabe, sino cual antídoto-muralla contra la impunidad y, más todavía, como señal de justicia.
Ya pronto habrán transcurrido nueve años desde aquel “octubre rojo” (negro, más bien) y nuestra convivencia democrática, allende las disputas políticas, sus vendettas y sus pretensiones (no) hegemónicas, exige que quienes detentaron el poder y dieron órdenes, y aquellos que las ejecutaron (no excusables por “mal uso”) —huelgan comparaciones—, asuman su responsabilidad ante la Justicia. La historia, ya se sabe, no los absolverá.
Asegura Lec que “se puede cerrar los ojos ante la realidad, pero no ante los recuerdos”. Y tiene razón. Por eso de nada sirve que los imputados, en pose de víctimas (“perseguidos políticos”), se ocupen de publicar periódicas solicitadas de prensa en su descargo o den la cara en CNN. Tampoco les bastará alegar que hubo “una conspiración” o, con gran despliegue de cinismo —a lo Pinochet—, que el Estado “no puede garantizar la inmortalidad de nadie”.
Hay muchas razones, entonces, para que estos Sánchez & Cía. se sienten hoy en el banquillo de los acusados y, si acaso, en una celda. Una de ellas, está dicho, que no admite discusión ni titubeo, es el respeto a la vida. Inútil la democracia e indignos la justicia y los gobernantes, sea en un Estado neoliberal, sea en uno plurinacional, que no aseguren para sus ciudadanos(as), lo menos, ese incondicional derecho.
