La cirugía estética no es una novedad en el mundo, se la practica desde mediados del siglo XX; sin embargo, la creciente presión sobre mujeres, y últimamente hombres, para parecerse a los cánones de belleza occidental ha producido una suerte de boom de estas intervenciones. El problema es que en muchos casos se trata de cirugías de riesgo y el control es escaso.
En efecto, la última edición de nuestro Informe La Razón ha abordado en profundidad el fenómeno, revelando no sólo la multiplicación de la oferta de cirujanos plásticos en el país, sino la existencia de una robusta red de operadores turísticos y médicos que atraen a hombres y mujeres al país por los bajos precios que ofertan para este tipo de cirugías.
Así, cada vez hay más personas de Europa, Canadá, EEUU, México, China y de naciones sudamericanas que arriban a Santa Cruz y Cochabamba, especialmente, con la esperanza de corregir un defecto físico o de modelar su figura, atraídas por precios equivalentes hasta el 10% de lo que esas intervenciones costarían en sus países de origen.
Nada de malo tendría esto en el marco de las leyes de la competencia, de no ser que estos precios irresistiblemente bajos están relacionados, por una parte, con los ínfimos honorarios que recibe el personal de apoyo al cirujano a cargo de la intervención y, por otro, con las condiciones no siempre óptimas que rodean al procedimiento. Se sabe que existen paquetes turísticos que combinan la oferta de cirugías con paseos por la ciudad y sus alrededores, en los que el postoperatorio, fase muy delicada en muchos casos, se realiza en habitaciones de hotel, sin la presencia de personal calificado para atender complicaciones y reacciones adversas en los y las pacientes. Para más preocupación, también se ha identificado la existencia de “safaris”, que consisten en trasladar a las personas interesadas en una cirugía estética a localidades rurales, donde los costos hospitalarios se reducen aún más, y un mismo médico puede atender a varios pacientes, libre de controles.
Finalmente, también es tema de preocupación la existencia de establecimientos dedicados a la estética, conocidos como spa, pero que ni son centros médicos ni tienen profesionales en medicina para aplicar tratamientos que incluyen infiltraciones para incrementar el tamaño de senos y nalgas o reducir arrugas en el rostro; previsiblemente, estas prácticas están al margen de la ley.
Desde el Gobierno se afirma que una normativa específica está en construcción, lo que significa que por ahora las víctimas de cualquier complicación derivada de una mala intervención están desamparadas, aunque siempre queda la tortuosa vía penal. Hay, pues, mucho por hacer en materia de protección de los y las pacientes, cuya frivolidad no puede ser motivo para dejarles a merced de médicos tan ambiciosos como irresponsables.
