Desde hace años que los guardias de seguridad privada son parte del paisaje urbano. El creciente descrédito de la Policía Nacional y la aparente multiplicación de los delitos en las principales ciudades inducen a las personas a buscar protección de agencias privadas, lo cual es razonable. Sin embargo, la situación de estas empresas todavía no es del todo clara.
Empero, esa situación va cambiando paulatinamente, pues con la promulgación de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, la existencia de este tipo de empresas ya es legalmente reconocida y se ha reafirmado la vigencia de una Jefatura de Control de Empresas de Seguridad Privada (Jedecoes) cuya atribución es registrarlas y controlar el servicio que brindan. Al respecto, el responsable de la Jedecoes informó a este diario que, además de las 39 compañías autorizadas en cumplimiento de la ley, existen 11 ilegales, diez que están gestionando su licencia y seis que abandonaron ese proceso, por lo que son consideradas ilegales. El problema, por ahora, es que mientras no se apruebe el reglamento de la citada ley, todos los trámites ante esta instancia están detenidos.
Una empresa de seguridad privada autorizada, según la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, desarrolla actividades preventivas de vigilancia y de alerta temprana bajo tuición y en estrecha colaboración con la Policía. Para su accionar, capacita a sus empleados en temas de emergencias, primeros auxilios, medio ambiente, atención al cliente y otros aspectos relacionados. Se supone que los guardias no deben usar armas de ninguna clase ni hacer uso de la violencia.
Los representantes de tres de las más importantes empresas dedicadas al negocio de la seguridad privada coincidieron en señalar que sus trabajadores reciben entrenamiento, así como los implementos necesarios para el trabajo, seguro de salud y otros beneficios sociales.
Sin embargo, es probable que no sea el caso de todas las empresas dedicadas al negocio, pues en la Jedecoes existen denuncias contra empleadores que no brindan todas las condiciones para el trabajo, comenzando por el pago oportuno de salarios, hasta aquellos que retienen documentos de identidad de sus trabajadores, especialmente la Libreta de Servicio Militar. Por otra parte, existen numerosas empresas informales que brindan servicios de seguridad en mercados, ferias de comercio y entradas folklóricas. Previsiblemente, es difícil conocer cuánta gente trabaja en ellas, así como otros detalles de su régimen laboral.
Hay, pues, mucho que discutir, y resolver, en torno a la existencia y modalidades de trabajo de las agencias de seguridad privada, pues según la Constitución es una competencia exclusiva de la Policía. No se trata de impedir estas iniciativas privadas, pero sí de asegurar que su trabajo no atente contra los derechos ni la seguridad de las personas.
