Días atrás, el exdirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) Adolfo Chávez volvió a salir por sus fueros, anunciando que quienes siguen su línea no sólo se oponen a la realización de la consulta previa sobre la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS, sino también al próximo Censo Nacional de Población y Vivienda. Chávez afirmó que el censo es una “trampa para establecer la cantidad de indígenas que hay en la región e iniciar la readecuación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO)”, en sentido que los resultados del trabajo del Instituto Nacional de Estadística (INE) servirán para reducir la extensión de los territorios asignados a los pueblos indígenas.
Desde el punto de vista de la política, este posicionamiento e incluso la actitud abiertamente desinformadora son comprensibles, sin embargo, desde el punto de vista de la gestión pública es alarmante, pues impedir la realización del censo implicará, literalmente, invisibilizar a la población que habita en el TIPNIS y consiguientemente impedirle acceder a los recursos que le corresponden. No es, pues, aceptable desde ningún punto de vista esta actitud, ya que en el intento de dañar la gestión de gobierno, el exdirigente está poniendo en riesgo el futuro de aquellos a quienes dice defender.
