Los mineros, de los tres géneros existentes, tienen al país bloqueado. No es la primera vez ni (lamentablemente y vistas como las maneja el Gobierno) será la última. Diríase que ha brotado un eccema que se ha venido en llamar la “extractivitis”. A falta de una definición clara de la ideología masista, el “extractivismo” llena el vacío, aunque muy malamente. Minerales, hidrocarburos, maderas tropicales… se extraen sin dejar los beneficios del valor agregado manufacturero o industrial que les pertenece, que debería redundar en el bienestar general. Dejo a un lado la coca por ser un tema que el Gobierno trata de ignorar, pese a su nefasta existencia.
Es como el cuento de la lechera que, mientras caminaba gozosa hacia el mercado para vender la leche de su vaquita, iba imaginando cuántas cosas podría hacer con las ganancias. Pero tropezó en el camino, el cántaro se rompió y los cálculos de la lechera se esfumaron como la llama de un fósforo. Así ocurre con el Gobierno, que juega con la explotación acelerada de muchos yacimientos mineros y sin las garantías necesarias. Deprisa, deprisa, porque de la noche a la mañana las cotizaciones pueden bajar y se acabó el negocio fácil.
Mientras tanto, los mineros se han dividido en cooperativas (protegidos por el Gobierno, que espera su voto en las futuras elecciones nacionales) y asalariados, los verdaderos proletarios. Ambos sectores se enfrentan entre sí y con el Gobierno. Éste último, que optó por la “doctrina” y la práctica de la extractivitis, se lava las manos en la copajira residual de las peleas mineras.
Los trabajadores del subsuelo pelean incluso por cada una de las vetas de algunos yacimientos. El Gobierno se abstiene de ejercitar su obligación reguladora y su autoridad dirimidora y pacificadora. El extractivismo ha degenerado en forma de abandonismo. Por una parte, el Gobierno deja de cumplir sus obligaciones. Una de las principales es canalizar los ingresos de la extracción minera a objetivos del bien común y del desarrollo socioeconómico de Bolivia.
Las cooperativas que dicen contar con 100 mil afiliados son una magnífica despensa electoral para el Gobierno. Habrá que ver si explotan el subsuelo de forma racional y pagan regalías y otras tasas fiscales. De lo contrario, estaríamos frente a un capitalismo salvaje, puro y duro, fruto de una extractivitis aguda.
Nadie creería que, siendo Bolivia un país con una larga tradición minera, no hubiese logrado diseñar y activar una política confiable en este sector. Todo parece estar en manos del azar. Y si a la gozosa lechera se le rompe el cántaro, si bajan los precios de los minerales, altos en este momento, miles de familias quedarán en la calle.
