Las acusaciones del presidente Federico Franco, de Paraguay, en sentido de que Venezuela estaría armando al ejército de Bolivia para agredir a dicho país, así como que se estarían concentrando unidades militares en la frontera común, no sólo pecan de fantasiosas e irresponsables, sino que expresan un vulgar oportunismo político.
Es costumbre en gobiernos carentes de respaldo popular o de poca credibilidad el alentar sentimientos chovinistas, a fin de lograr consensos internos o desviar la atención sobre temas candentes que afligen a un régimen político. No es una práctica nueva, en Bolivia ha sido frecuente en dictadura y en algunos casos en democracia. Lo grave de las sindicaciones que nos ocupan es que provengan de un gobernante fruto de una maniobra constitucional, que sin medir consecuencias asume un guión que no tiene sustento alguno en la realidad. Pretender indulgencias del imperio o consenso interno no es un buen negocio político, mucho más cuando las mismas contribuyen a distanciar artificialmente a dos países que estuvieron enfrentados en una guerra absurda.
El primer argumento que hay que esgrimir en este caso es que la Constitución Política vigente ha declarado a Bolivia como un Estado pacifista, y por lo tanto impedido de iniciar acciones bélicas de tipo ofensivo. Un segundo argumento surge de la constatación empírica de que el ejército boliviano hace mucho tiempo está empeñado en actividades de protección y desarrollo de las zonas fronterizas, y no existe indicio alguno de concentración, movilización de tropas o actividades parecidas, que sólo existen en la mente afiebrada del gobernante del vecino país.
Se pueden realizar muchas acusaciones contra el Gobierno boliviano, pero una de las acusaciones menos creíbles es que esté en preparativos militares contra el hermano país del sudeste. No existen razones de orden diplomático, político, económico o geopolítico para plantearse iniciar acciones de agresión. Es cierto que el Gobierno nacional, al igual que varios del continente, han censurado la forma en que fue echado del gobierno el expresidente Fernando Lugo, en una acción ilegítima; pero de allí a iniciar una contienda, existe una enorme distancia.
Por suerte, la prensa paraguaya ha puesto los puntos sobre las íes y ha dado un enfoque objetivo a las provocativas declaraciones del presidente Franco, dejando a las mismas sin asidero, y, lo más importante, la opinión pública y el pueblo paraguayo no se han dejado engatusar con el ardid.
Hace tiempo que las heridas de la Guerra del Chaco (1932-1935) han cicatrizado, y luego de la paz, se ha restablecido el clima de respeto y aprecio de la ciudadanía de ambos países, que comprenden que el chovinismo que provocó un conflicto bélico no puede ser admitido nuevamente.
