Qué se puede decir de un sistema, de una economía, de una sociedad, en fin, si cada día más de 500 familias son echadas a la calle por deudas de alquiler o hipoteca que no pueden pagar? ¿Qué se puede esperar de un Estado y sus políticas públicas en un país, como España, cuyo Gobierno, en nombre de la austeridad, se ocupa más de beneficiar y proteger al capital financiero que garantizar los derechos de la gente?
Según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, durante el primer semestre de 2012 los juzgados españoles dictaron cerca de 95 mil desahucios, marcando un nuevo récord en esta sombría historia de desalojo o desposesión, cuyas diligencias son técnicamente conocidas como “lanzamientos”. Y en efecto, las personas (es la crisis, se dice desde el poder) son lanzadas por la fuerza de sus viviendas y locales.
El escritor guatemalteco Augusto Monterroso aseguraba que “mientras en un país haya niños trabajando y adultos sin trabajo, la organización de ese país es una mierda”. Tenía razón. Lo propio podría decirse de un sistema en el que hay millares de familias sin casa y, vaya contradicción, la banca acumula millares de casas sin familia. Algo está mal. Quizás sea hora de organizar, en serio, el desahucio de los responsables de injusticias tales.
