A partir de 2013, en los principales penales del país, el Gobierno prevé implementar un sistema de reclusión cerrado para reos conflictivos y aquellos que estén cumpliendo condenas por delitos graves. Con esta segregación se busca disminuir la criminalidad y los abusos dentro de las cárceles, así como también los nexos de los internos con bandas delincuenciales del exterior.
Es de conocimiento público que en la mayoría de los penales prevalece la ley del más fuerte y campea el descontrol. Basta recordar la última inspección que se realizó en la prisión de San Pedro, en la que se descubrió una ingente cantidad de alcohol, cerveza y armas blancas. De igual manera, en noviembre del año pasado, una pugna por tomar el control del Consejo de Delegados de San Sebastián develó una serie de abusos y extorsiones en ese penal de Cochabamba; como la existencia de un grupo de choque que cobraba a los otros reclusos entre 100 y 500 dólares por “seguros de vida y derechos de piso”. Prácticas que, en mayor o menor medida, se reproducen en el resto de las penitenciarías bolivianas.
Por otra parte, cuando una persona ingresa por primera vez a una prisión corre el riesgo de convertirse en un verdadero criminal, como resultado de la influencia negativa del ambiente. Mientras que los delincuentes consolidados, lejos de abandonar ese mundo, se especializan en esas lides. Pues, además de entrar en contacto con gente del hampa, ingresan a un espacio complejo que les niega opciones dignas de supervivencia; y más bien los induce a ser parte de organizaciones criminales. Pero para poder implementar este tipo de régimen se necesita de una infraestructura adecuada, que permita aislar a los reos conflictivos y peligrosos del resto, como ya antes se mencionó.
Tarea pendiente en la mayoría de las penitenciarías del país. No obstante, se están tomando algunas medidas para subsanar esta deficiencia. Por ejemplo, en Santa Cruz se terminó recientemente una obra para 450 reclusos bajo régimen cerrado; en Chonchocoro (La Paz), se ha licitado un proyecto similar, y se prevé hacer lo propio en los otros departamentos.
Por último, cabe recordar que la Ley de Ejecución Penal obliga al Estado a implementar este tipo de segregación, ya que ordena el establecimiento de cuatro tipos diferentes de recintos carcelarios: centros de custodia para imputados, penitenciarías para condenados, establecimientos especiales para enfermos y establecimientos para menores de edad imputables.
Y en caso de que no exista la infraestructura necesaria, mientras se la construye, la ley manda dividir las cárceles en las cuatro secciones señaladas.
Discriminación que hasta el momento no se cumple, de allí que todos los reos (condenados, imputados, enfermos, sanos, jóvenes, viejos, peligrosos, no peligrosos) se hallan amontonados en un mismo ambiente, en condiciones infrahumanas.
