Al parecer, la ciudad de Challapata está dejando de ser el paraíso del contrabando de automóviles que hizo famoso al pueblo en los últimos años. Esta semana, un operativo militar comandado por la Aduana Nacional ha herido al ilícito negocio que allí campeaba. La intervención armada al pueblo causó dos muertes, símbolo también de la violencia que allí imperaba.
En efecto, el martes 9, en acción combinada entre la Aduana Nacional, el Ministerio Público, la Agencia para el Desarrollo de Macrorregiones Fronterizas (Ademaf) y las FFAA, se ejecutó el operativo Pichay (barrido, en quechua) con el objetivo de intervenir recintos con vehículos indocumentados. La acción fue resistida por los propietarios y otros pobladores, generando un cuadro particularmente violento. El resultado se tradujo en cuatro garajes precintados, donde se encontró 60 autos sin papeles, dinero falso, documentos falsificados y placas clonadas, según confirmó el Fiscal de Distrito de Oruro.
En los hechos, no es la primera vez que contrabandistas y comerciantes de estos bienes se enfrentan con fuerzas del orden, pero en el caso de la acción en Challapata, al norte del departamento de Oruro, la intervención tenía la particularidad de que se trata de una ciudad intermedia que en los últimos 15 años se convirtió en “tierra de nadie”, como orgullosos señalaron a un periodista de La Razón vecinos del lugar, en el marco de un reportaje de investigación sobre el comercio de automóviles de contrabando.
Al día siguiente, la Aduana informó que, según un reporte de Inteligencia, en la población de Challapata hay más de 400 vehículos ilegales escondidos; por su parte, las FFAA habían identificado que en la feria que se realiza los fines de semana se comercializan entre 500 y 800 vehículos chutos. Asimismo, se ha señalado con insistencia que los operadores del ilícito negocio son extranjeros apoyados por vecinos del lugar, dando paso a la intervención de la Dirección de Migración, que desde el viernes controla los accesos a la ciudad para identificar a los migrantes indocumentados.
Finalmente, se informó oficialmente que este operativo, largamente planificado según el Fiscal orureño, es parte de un intento mayor de controlar las rutas del contrabando, no sólo de automóviles sino también de sustancias controladas, y otras manifestaciones de violencia, como las sucedidas en dos centros mineros, para lo cual se está reforzando la presencia militar en tres localidades además de Challapata.
Con la intervención de la emblemática ciudad se ha dado una poderosa señal a quienes medran del contrabando y actividades conexas, sin embargo es apenas una batalla de una guerra que no hace sino comenzar. Las autoridades deben considerar la urgencia de generar alternativas viables a este ilícito modo de vida, pues de otra manera todo esfuerzo resultará inútil.
