Celebrar 30 años continuos de democracia en Bolivia abre muchas reflexiones. Han cambiado tantas cosas desde que dejamos atrás tiempos en los que se sucedían gobiernos militares y algunos regímenes civiles autoritarios. Eran épocas en las que los gobernantes a título de pertenecer a la institución “tutelar” de la patria, o ser conductores de la “revolución”, se apropiaron de sus instituciones y suprimieron la libertad de los ciudadanos de elegir o ser elegido, de expresar sus opiniones, de informarse y de reclamar por sus derechos fundamentales.
Hoy los bolivianos podemos elegir a nuestros representantes y gobernantes en procesos electorales frecuentes y libres. Pese a que el sistema político ha sufrido innumerables contratiempos, hemos sido capaces de sostener el proceso democrático frente a cualquier aventura totalitaria y convertirlo —de manera pacífica— a uno más incluyente y participativo. La democracia nos permitió recuperar la concurrencia política de sectores tradicionalmente marginados, de movimientos sociales mejor organizados y de revitalizar el “poder constituyente”, inicialmente derivado en el Congreso y luego pleno en una Asamblea Constituyente, que transformó el orden constitucional con un nuevo instrumento vigente desde el referendo de 2009.
Esta nueva Constitución marcará el rumbo de las próximas décadas, por ahora todavía resta que sea conocida, comprendida y asumida por todos. Su legitimidad inicial dependerá también de la fe que los ciudadanos tengan en ella, en su efectiva vigencia y aplicación, en su capacidad de manifestarse sobre sus virtudes o falencias que, expuestas al mismo poder constituyente, podrán siempre servir para mejorarla. El proceso democrático contribuyó también a transformar (aunque sin tanto éxito) el derecho y la Justicia. Ambos, por sí mismos no constituyen la democracia, pero ésta última sin ellos tampoco es útil y puede desvirtuarse con la manipulación de los derechos y el abuso del poder.
La tendencia centralista y presidencialista de los gobiernos contribuye a la tradicional desatención por la jurisdicción; por actualizar la legislación judicial y definir políticas públicas orientadas a superar la desconfianza de la población por la ley y sus instituciones judiciales. La debilidad institucional de la Judicatura y el Ministerio Público, el limitado activismo del Tribunal Constitucional y el conservadurismo en los abogados abona una cultura jurídica que reconoce la ley pero no siempre la cumple. El excesivo uso del derecho penal ha llenado nuestras cárceles con presos sin condena, y se ha vulgarizado el debido proceso al extremo que sólo un indulto o una amnistía general (no sólo política) podrá conciliar la justicia con el respeto por la dignidad de las personas, primera obligación del Estado.
La democracia nos abre nuevas perspectivas y desafíos en diferentes frentes, por ahora me quedo con dos principios que introduce la Constitución y que bien merecen la pena destacarse: el “pluralismo jurídico” y la “cultura de paz”. Ambos pueden contribuir a que los bolivianos valoremos nuestra diversidad como fuente de convivencia y tolerancia; pueden ser la inspiración para enfrentar y superar “en paz” lo que laboriosamente hemos construido en estos 30 años, y una constancia más de que, ante la diversidad, siguen en “contraste armonioso los himnos de Paz y de Unión”.
