Semanas atrás, una primicia de La Razón permitió conocer de manera preliminar los resultados del informe “Cultura Política de la Democracia en Bolivia, 2012”, entre los que destacaba el índice de satisfacción de la población con la gestión de gobierno. Finalmente, días atrás el informe completo se hizo público, y muestra resultados que merecen comentarse.
En efecto, el estudio, que se realiza cada dos años en todos los países de la región en el marco del Barómetro de las Américas, iniciativa del Proyecto de Opinión Pública en América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés), pone este año especial atención a los efectos de la exclusión y la discriminación sobre las percepciones y actitudes de las y los ciudadanos con relación a la democracia.
En el informe se sostiene que “las experiencias de exclusión y discriminación social tienen efectos relevantes sobre las percepciones, actitudes e incluso sobre los valores democráticos de los ciudadanos” en el continente. Previsiblemente, Bolivia, no es la excepción. Asimismo, se afirma que la discriminación y exclusión “afectan más a personas que viven en áreas rurales, a mujeres, a indígenas y en general a personas con color de piel más oscuro”, dato que en el país es tan evidente que no requiere encuesta alguna para demostrarlo.
Pero lo que más interesa del estudio es la percepción que tiene la población respecto a la legitimidad de las instituciones políticas del país. Ciudadanía, la institución que realiza el estudio en Bolivia, descubrió que la legitimidad de las instituciones en el país, medida a través de la confianza en éstas, ha sufrido una reducción entre 2010 y 2012, “revirtiendo una tendencia de incremento constante registrada al menos desde el 2006”. También destaca el dato que “las personas que se autoidentifican como indígenas muestran tendencialmente una reducción de su confianza en las instituciones en 2012”.
Asimismo, se ha descubierto que el factor que más influye sobre la legitimidad de las instituciones, “el más frecuente y el que tiene un efecto más claro es la aprobación del trabajo del Presidente”, existiendo una correlación directa entre la aprobación del trabajo presidencial y la mayor confianza en las instituciones, y viceversa. Previsiblemente, el estudio concluye que esta es una situación de institucionalidad débil, pues ésta es dependiente de una figura política y no del mérito o el éxito de las instituciones en sí. Al respecto, conviene recordar que, según la teoría, caudillismo e institucionalidad raramente van de la mano.
Hay, pues, material para la reflexión respecto a la institucionalidad política, tanto en el ámbito estatal como en otros, como los partidos políticos, pues es claro que la calidad de la democracia depende menos del gobernante que de las instituciones que posibilitan una gestión exitosa.
