Desde hace algunos meses, con el impulso del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), se ha iniciado en el país un amplio recorrido de propuesta y discusión en torno a la norma que debe regir la estructura y funcionamiento de las organizaciones políticas, en el marco de las diferentes formas de democracia reconocidas en la nueva Constitución. Difícil pero fundamental reto.
Dicha labor de definición normativa y de diseño institucional cuenta con la participación de los principales partidos políticos y el apoyo de especialistas, así como de diferentes entidades de la cooperación como el PNUD, IDEA Internacional y la FBDM, entre otras. El propósito, al final del camino, es lograr la elaboración concertada de una Ley de Organizaciones Políticas. Para ello serán necesarias algunas condiciones y una secuencia de pasos.
¿Por qué es necesaria una Ley de Organizaciones Políticas? El supuesto es que las actuales leyes de partidos políticos, y de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas (que fueron funcionales al periodo de la democracia pactada), hoy están “rezagadas” y resultan insuficientes ante el horizonte democrático trazado tanto en la Constitución como, en especial, en la Ley del Régimen Electoral. Se requieren, pues, renovadas reglas en el ámbito del Estado Plurinacional con autonomías.
La elaboración de esta norma implica definir con claridad cuál es el papel que está reservado para las organizaciones políticas en una democracia intercultural. Y es que, a diferencia del pasado reciente, el ejercicio democrático en Bolivia excede en mucho en el presente a la sola realización periódica de elecciones competitivas asentadas en el voto individual y un fuerte protagonismo de los partidos políticos (tanto que hasta llegó a definirse el régimen político como una “partidocracia”).
¿Cómo se sitúan hoy las organizaciones políticas con relación a la democracia representativa ampliada y, en especial, respecto al ejercicio de la democracia directa y participativa en sus diferentes mecanismos? ¿Son necesarias las mediaciones partidarias en el referendo, las asambleas, la consulta previa? Más todavía: ¿tienen algo que hacer en la democracia comunitaria? Junto con el análisis de estas cuestiones la nueva ley tendrá que dar cuenta también de los cambios registrados en el campo político.
Por último, hay algunas cuestiones más específicas que seguramente serán consideradas en la nueva norma. Una de ellas, fundamental, es garantizar la plena vigencia del pluralismo político como condición necesaria de la democracia. Todo esto, en un momento en el que tras el derrumbe del anterior sistema de partidos, que formó gobiernos de coalición durante dos décadas, hoy tenemos una fuerza política con clara vocación mayoritaria y todavía incipientes intentos de proponer opciones no sólo político-electorales, sino de visiones de país. Corre camino para la nueva ley.
