Después de muchos años, el Ministerio Público tiene, desde el sábado por la madrugada, una autoridad máxima titular. Entre el viernes y sábado, en sesión plenaria, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) eligió al abogado Ramiro Guerrero como nuevo Fiscal General del Estado. Se ha dado, así, un paso determinante en la construcción de institucionalidad.
En efecto, por mucho tiempo, el Ministerio Público, una de las instituciones fundamentales de la administración de justicia penal, fue dirigido por autoridades interinas, situación que si bien no impidió el trabajo de investigación de crímenes y delitos, sí le restó fuerza ejecutiva y, dependiendo del contexto político, legitimidad a su trabajo.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado, la Fiscalía “defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública”, en el marco de lo establecido para la función de defensa de la sociedad, a diferencia de lo señalado en la anterior norma, en la que el Ministerio Público tenía la doble, y a menudo contradictoria, función de defender a la sociedad al mismo tiempo que al Estado, tarea esta última que ahora corresponde a la Procuraduría General del Estado.
Respecto de la persona designada para el alto cargo, mandato que tiene una duración de seis años sin posibilidad de renovación, la oposición hizo el intento de provocar su descrédito apelando a sus antecedentes como asambleísta constituyente por el Movimiento Al Socialismo (MAS), o como magistrado de la ahora desaparecida Corte Suprema de Justicia. Olvidó, sin embargo, reconocer sus antecedentes como especialista en cuestiones agrarias en la Fundación Tierra, entidad que difícilmente puede ser asociada con el partido en función de gobierno.
En todo caso, al margen de los discursos que cuestionan el poder de los dos tercios que tiene el oficialismo en la ALP, fruto de la votación obtenida en la última elección general, es decir, de la voluntad popular, la elección del nuevo Fiscal General viene fortalecida precisamente por el número de votos que obtuvo su candidatura en la sesión del viernes por la noche: diez más de los necesarios para sumar dos tercios de los presentes.
Sin embargo, no es la demostración de la legitimidad de su elección la tarea que debe ocupar a la flamante autoridad, sino la recuperación de la confianza en su institución, venida a menos desde hace ya demasiado tiempo debido a la actitud que caracteriza a muchos de los fiscales que trabajan en ella, muy a menudo acusados de lenidad, cuando no de abierta corrupción.
Por primera vez en mucho tiempo, pues, el Ministerio Público tiene una autoridad legítimamente electa, lo que significa que tiene la fuerza y el deber de transformar la institución a su cargo, permitiendo a la sociedad recuperar la pérdida de confianza en ella. Ojalá sea posible.
