Días atrás, un reportaje publicado por este diario daba cuenta de que continúan saliendo del país carburantes de contrabando, a través de 15 puntos fronterizos. Ello pese a que la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las FFAA intensificaron los operativos de control.
No se trata de una noticia que realmente sorprenda, pues se sabe que en un país como Bolivia (con amplias fronteras y con cinco vecinos económicamente más fuertes) es muy difícil contrarrestar el lucrativo negocio que significa vender más caro en el exterior aquello que se compra barato dentro del territorio, sobre todo cuando se trata de bienes fácilmente transportables y ampliamente cotizados, como son los carburantes.
Sin embargo, esta noticia no puede pasar desapercibida, pues se sabe que este ilícito negocio, además de erosionar las arcas del Estado de manera creciente, genera desabastecimiento interno, especialmente en las ciudades fronterizas. Y si bien por el momento no es factible igualar los precios internos con los internacionales (la única manera de erradicar el contrabando de carburantes), por los efectos inflacionarios y las consecuencias negativas a nivel del empleo, la pobreza y a nivel político que generaría una medida de este tipo, urge sentarse a dialogar para buscar soluciones al respecto.
