La preocupación no es nueva, sin embargo hasta ahora no se logra una solución de fondo al problema: en Bolivia, particularmente en los centros mineros, la dinamita, y otros elementos necesarios para hacerla detonar, se comercializa sin control alguno, pese a que su poder destructivo está de sobra demostrado. La ley de armas y explosivos es una necesidad urgente.
En efecto, la última edición de nuestro Informe La Razón ha profundizado en la temática del comercio ilegal, pero sobre todo descontrolado, de explosivos; y ha demostrado, una vez más, que esta falta de control es una amenaza latente para toda la sociedad. Incluso, sin necesidad de una investigación periodística, es posible afirmar que los ejemplos de amenaza están a la vista, como el último caso, en que un minero asalariado perdió la vida en medio del conflicto entre su sector y el de los cooperativistas por el control de un yacimiento en la localidad de Colquiri.
Como este último, hay innumerables ejemplos de uso criminal de la dinamita, y en muchos casos las principales víctimas son quienes intentan hacer mal uso de ella. Asimismo, es común escuchar en los centros mineros que el explosivo se emplea en fiestas, en dudosas ceremonias para alejar el mal clima y hasta para cometer suicidio.
En resumen, la dinamita es parte de la vida cotidiana de las poblaciones mineras, lo que no significa que esto sea siquiera aceptable, pues una cosa es su uso para la explotación de los yacimientos, y otra muy distinta es convivir con el riesgo que implica su empleo.
La respuesta normativa a esta situación no depende únicamente de la ya mencionada ley de armas y explosivos que se debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que en los hechos es un asunto pendiente desde hace muchos años, sino también de la efectiva aplicación de otras normas menores que ya existen, tales como el reciente decreto que prohíbe el uso de dinamita en las protestas sociales o el Reglamento para la Importación, Exportación, Transporte, Almacenamiento, Comercialización y Empleo de Explosivos, Armas y Municiones, autorizado en 2008 por el Ministerio de Defensa; así como lo dispuesto en el Código Penal, que señala como delito la tenencia, comercio, fabricación y adquisición de explosivos “con el fin de crear un peligro común para la vida, la integridad corporal o bienes ajenos”.
Así, se hace evidente que no basta con la existencia de disposiciones legales al respecto, que son sin duda necesarias, sino que hace falta la capacidad institucional para cumplir y hacer cumplir dichas normas. Aquí la responsabilidad recae claramente sobre la Policía y las Fuerzas Armadas, así como en las autoridades del Órgano Ejecutivo responsables de ambas fuerzas.
