El martes, siete de las diez ciudades principales del país fueron afectadas por un nuevo paro de los choferes del transporte público. Previsiblemente, la dirigencia del sector quedó satisfecha con el resultado de la protesta, pues fue mayoritariamente acatada por los afiliados, aunque no lograron impedir del todo que las personas se trasladen, especialmente rumbo al trabajo. Para la sociedad, el “éxito” del paro fue nuevamente un perjuicio, pues ni la circulación de personas ni las actividades cotidianas fueron normales; aunque nadie puede negar que las calles libres del congestionamiento que causa el hipertrofiado parque automotor hacen más agradable la vida urbana.
Lo que no han considerado los dirigentes, que organizaron la protesta para oponerse al proyecto de ley de extinción de dominio sobre bienes producto del narcotráfico o la corrupción, aduciendo una dudosa amenaza sobre sus vehículos, es que el paro y su efecto en la población abonan la percepción que ya se tiene sobre la importancia de contar con un sistema de transporte verdaderamente público y, sobre todo, masivo. Es decir, actualmente el servicio público de transporte es brindado por operadores privados, que imponen a las y los usuarios su capricho, cosa que ya no podría suceder si el operador es, por ejemplo, el municipio.
