El viceministro de Seguridad Ciudadana, Henry Baldelomar, acaba de reconocer que el 80% de los delitos cometidos en el territorio nacional “no son denunciados”, dato que unido a la denuncia de que sólo el 1% de todos los delitos públicos denunciados ante la Fiscalía llega a juicio oral, se tiene la triste realidad de que Bolivia es el reino del delito y la impunidad.
¿Cuál la causa principal de este desastre en la justicia boliviana? Las causas son diversas, pero en nuestro concepto y según nuestra experiencia, la causa principal de este retroceso en la Justicia es el Código de Procedimiento Penal, que diseña un proceso excesivamente burocratizado, dilatorio, inaplicable, lleno de exigencias y trampas procesales, que se reflejan en la suspensión de audiencias que sufren todos los procesos. El resultado de esta calamidad es que ya nadie confía en la Justicia y, tal vez, a ello se deba el incremento de la llamada “justicia comunitaria”.
La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, en el último Seminario Nacional de Derecho Penitenciario, presentó una radiografía aterradora del estado actual de la Justicia, señalando que todos los males que se quiso remediar en el pasado, con la aprobación de un nuevo Código de Procedimiento Penal que costó millones de dólares al país, se han agravado, como ser: los presos sin condena, la retardación, la mora judicial, el hacinamiento carcelario, la impunidad y otros. Este criterio es compartido por la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, que en reiteradas declaraciones a la prensa nacional ha manifestado su frustración por los adversos resultados del nuevo Código de Procedimiento Penal, que a más de diez años de vigencia no ha mejorado la justicia penal como se esperaba.
La adopción (o imposición) del modelo procesal penal anglosajón a nuestra realidad ha resultado un completo fracaso. Desde su vigencia plena, hace más de diez años, el nuevo Código es un desastre, lo cual ya se demostró en 2004, en un informe (Monitoreo de la Calidad de la Administración de Justicia en el Área Penal) elaborado por Ocadem a pedido de la Corte Suprema, y financiado por Usaid, que estableció que el Ministerio Público aquel año rechazaba el 96% de las denuncias que recibía, aplicando sobre todo el art. 301-3 del CPP, situación que al presente se ha agravado con el 99% de rechazos.
Esta es la decepcionante situación de la Justicia penal en Bolivia. Todos los procesos penales, con el nuevo Código, sufren dilaciones inevitables por ser un proceso intrincado, que posibilita una serie de incidentes que lo único que logra es cansar a los sujetos procesales. La característica principal del nuevo proceso, como tenemos señalado, es la suspensión de audiencia. Las audiencias, no obstante el daño que causan a las partes del proceso, sobre todo a las víctimas, se suspenden con todo motivo, porque el procedimiento penal ofrece a los acusados la más amplia variedad de incidentes para interrumpirlo maliciosamente, porque los juzgados están saturados de procesos que hacen también imposible que los principios consagrados por la Constitución, de tener todos los ciudadanos un acceso pronto y oportuno a la Justicia, se cumpla.
Es hora de cambiar radicalmente esta situación, con la aprobación de un nuevo Código de Procedimiento Penal y leyes que respondan a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia. Sólo entonces se tendrá un proceso pronto, oportuno y eficaz en la lucha contra el delito. Y, de no adoptarse un nuevo procedimiento, con el compromiso estatal de dotar a los operadores de justicia de los mecanismos necesarios para lograr esa Justicia que todos anhelamos, continuarán los oprobiosos rechazos y suspensiones de audiencia, generando más mora procesal, impunidad y delito.
