Muy poco tiempo duró la algarabía de la oposición política en la Asamblea Legislativa Plurinacional que, tras el fallido intento oficialista de aprobar por dos tercios la suspensión de la diputada Adriana Gil, declaró que entre opositores, disidentes e indígenas (la “bancada TIPNIS”) ya tenían un valioso tercio de representantes. “Es el principio del fin de la hegemonía masista”, anunciaron entusiasmados.
Esto de los dos tercios es no sólo simbólico, sino fundamental. Y es que varias decisiones importantes, tanto para la aprobación de algunas normas como en la elección de autoridades de alto rango, requieren esa mayoría especial. Y el MAS, en solitario, tiene esos dos tercios. Como en el pasado los tuvieron sobradamente los partidos tradicionales mediante sus (mega) coaliciones políticas.
Pues bueno. Justo cuando los opositores declaraban el fin de los dos tercios oficialistas, el pasado viernes se eligió al Fiscal General del Estado no sólo con los tales dos tercios, sino incluso con algunos votos adicionales ¡de la oposición! Así, de un lado se activaron mecanismos —incluido el mandato imperativo presidencial— para garantizar la disciplina del voto; del otro, en tanto, se constató que su anhelado tercio (disperso, interruptus), al menos por ahora, no existe.
