Esta semana, en Sucre, se ha celebrado el VIII Congreso Internacional de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica. “El Pluralismo Jurídico en América Latina: Visiones críticas desde la teoría y la práctica” fue el tema que reunió a docenas de expertos de la región y el mundo, y que se desarrolló en varias líneas temáticas: Avances de la antropología jurídica, reforma del Estado, constitucionalismos, género, territorio, consulta, medio ambiente y justicia indígena, entre otros.
La oportunidad fue propicia para compartir vivencias en la administración pública, en la judicatura y en la academia, para contrastar las ideas sobre el derecho, la Justicia y la cultura jurídica en tiempos en los que Bolivia transita hacia un nuevo orden constitucional que funda el nuevo modelo de Estado, entre otros principios, en el “pluralismo jurídico”.
Referirse al pluralismo jurídico o la antropología jurídica puede despertar sentimientos encontrados para la gran mayoría de los juristas formados con la tradicional escuela “positivista”, con la que se enseña el Derecho a los abogados del país. Un derecho mayoritariamente codificado, acabado, cuyo cumplimiento no entra en discusión, pero que no necesariamente facilita la realización de la Justicia o el ejercicio pleno de los derechos.
La natural fidelidad hacia esta concepción del derecho y su práctica colisiona con nuevas posibilidades de observar, entender y enseñar el derecho que ya es plural, no sólo por la convivencia reconocida constitucionalmente con los sistemas indígena originario campesinos, sino también con múltiples fuentes y procedimientos de derecho internacional regional o global.
No se trata tampoco de promocionar simpatías o desafectos a una u otra visión del derecho, sino ampliar la mirada, para identificar, conocer y contrastar las diferencias de la cultura de quienes imparten justicia (jueces, fiscales), de quienes la intermedian (abogados) o de quienes la reciben (ciudadanos y Estado).
La antropología jurídica contribuye con soluciones de interculturalidad a superar las dificultades de admitir y reconocer los diversos sistemas con soluciones de interculturalidad. Estos ya no son tan lejanos ni excéntricos, están presentes, cada vez más próximos y con más similitudes que diferencias. El desafío está en que todos sean accesibles, eficaces y predecibles.
La aprobación de la Ley del Deslinde Jurisdiccional inauguró un debate que explora la viabilidad de algunas soluciones normativas inconsistentes con un pluralismo igualitario, y que en términos operativos o de percepción ciudadana deben merecer la atención del legislador para su reforma. También, un reciente informe sobre la cultura política de la democracia en Bolivia (Barómetro de las Américas, LAPOP 2012) señala que entre 2010 y 2012 disminuyó la credibilidad de los ciudadanos por la Justicia formal, y subió la credibilidad por la Justicia indígena y la aprobación de las acciones de justicia por mano propia. Datos reveladores para la antropología jurídica, y el diseño participativo de políticas públicas en materia de Justicia por todos los órganos de poder público.
