El martes se presentó el anteproyecto de Ley del Control Social, una iniciativa que recoge los aportes de 305 organizaciones sociales bolivianas que fueron representadas por más de un millar y medio de personas en todo el país. El objeto de la norma es permitir la participación de la sociedad civil en la fiscalización de la gestión pública.
En efecto, el control social es una disposición constitucional que hasta ahora sólo se había ejercido parcialmente, a iniciativa del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a través de los informes públicos de gestión, que obligadamente deben presentar los ministerios del Órgano Ejecutivo y las empresas públicas.
De acuerdo con el proyecto normativo, el mecanismo del Control Social se dedicará a la fiscalización por parte de sectores sociales a todas las empresas mixtas y privadas que presten servicios básicos, incluyendo a las cooperativas y entidades que manejen recursos económicos fiscales. Sin embargo, la instancia se limitará a recoger denuncias para luego presentarlas a las autoridades competentes.
La norma prevé la constitución de un Consejo Nacional de Control Social, cuyo directorio estará conformado por los ejecutivos de movimientos sociales hasta los presidentes de colegios de profesionales. Según el proyecto de ley, el nuevo mecanismo de fiscalización está conformado por dos tipos de actores: los colectivos y los individuales.
En el grupo de los actores colectivos hay tres tipos de sujetos del control social: los “orgánicos”, que comprenden a los sectores sociales y/o sindicales; los “comunitarios”, que corresponden a los pueblos indígenas, comunidades interculturales y afrobolivianas; y los actores “circunstanciales”, que se organizan para un fin determinado y “dejan de existir” una vez cumplida su misión.
En el ámbito de los recursos para sostener el nuevo mecanismo de control social, el proyecto de ley señala que en todos los presupuestos que se programen para la gestión pública deberá figurar el ítem “participación y control social”. Incluso en los convenios de cooperación internacional deberá haber un presupuesto para esa tarea. Los dirigentes sindicales que presentaron la norma rechazaron que los actores del modelo de fiscalización tengan remuneración. Incluso establecieron sanciones para los “sobornables”. Finalmente, y por iniciativa del Presidente del Estado, se introducirá en el proyecto de Ley de Participación y Control Social un parágrafo en el que se establezca la fiscalización de los recursos económicos que manejan los dirigentes.
Estamos, pues, a puertas de una nueva transformación democrática del Estado, cuya trascendencia es mayor, considerando que posibilitará una verdadera participación de la sociedad civil en la gestión de la cosa pública. Hacerla efectiva dependerá, como nunca antes, de toda la sociedad boliviana.
