Ocurrió hace poco más de cuatro años, en aquel polarizado e incierto 2008. Con el aval de sus consejos departamentales, el impulso de los comités cívicos y la complicidad de sus cortes electorales, cuatro prefectos de departamento implementaron referendos ilegales para validar proyectos de estatutos al margen de la Constitución. Dicha acción aún tiene consecuencias.
Está todavía presente en la memoria colectiva. Tras haber fracasado en varios intentos por abortar la Asamblea Constituyente, los opositores político-regionales de la llamada Media Luna, bajo bandera de las autonomías departamentales, recurrieron a “procesos estatuyentes” con el propósito expreso de frenar la adopción de un nuevo texto constitucional. En poco tiempo elaboraron estatutos departamentales y armaron el libreto para su aprobación en consultas populares.
De ese modo se convocó por cuenta propia a “referendos” departamentales que se fueron realizando, sucesivamente, entre el 4 de mayo y el 1 de junio de 2008, en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Dichas consultas se organizaron al amparo de la “presunción de constitucionalidad”. Pero lo que no podían presumir ni menos ignorar los responsables es que estaban violando la entonces vigente Ley del Referéndum, según la cual esos referendos debían ser convocados por el Congreso Nacional.
Dichas consultas quedaron entonces como testimonio de un fallido intento por forzar otro resultado para el proceso constituyente. Quedaron también los proyectos de estatutos departamentales que hoy, en el marco del nuevo modelo de Estado Plurinacional con autonomías, deben pasar por un camino concertado de cambios y ajustes para adecuarse a la Constitución. Y permanecen las responsabilidades por haber convocado consultas que fueron desconocidas por el Gobierno central y la Corte Nacional Electoral.
Es en tal marco que, a denuncia de la Contraloría General del Estado, están en curso algunos procesos penales. El más simbólico es contra el único de los cuatro prefectos que, en calidad de gobernador, continúa en funciones: Rubén Costas. Se le acusa, junto a otros 26 imputados, por la comisión del delito de conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Ayer la audiencia conclusiva del caso, que sigue sin resolución, fue nuevamente suspendida.
¿Debe haber sanciones por la realización de referendos que, declarados ilegales, implicaron el uso de recursos públicos (Bs 10 millones en el caso de Santa Cruz)? ¿Se trata acaso de juicios políticos toda vez que los estatutos aprobados ya habrían sido avalados por la Constitución? ¿Se debieran extinguir estos procesos, como pide la defensa, por retardación de justicia? Son varias las cuestiones que quedan pendientes sobre este confuso episodio de nuestra historia corta.
