Para nadie es desconocido que el patrimonio arqueológico del país, así como el artístico colonial, está desprotegido y amenazado por las ansias de traficantes nacionales e internacionales, que han creado a lo largo de las últimas décadas un activo mercado negro de reliquias. Dotarse de una norma para proteger el patrimonio es apenas el primer paso de un largo camino.
En efecto, la última entrega del Informe La Razón abordó la problemática del tráfico de reliquias en el país y recogió abundante evidencia que muestra que en el lucrativo comercio se ven involucrados desde los propios vecinos de las localidades donde hay ruinas arqueológicas, pasando por anticuarios poco escrupulosos, hasta traficantes que comercian con redes internacionales que a su vez ponen las piezas hurtadas a disposición de coleccionistas dispuestos a pagar cuantiosas sumas de dinero a cambio de poseer bienes literalmente invaluables.
En rigor, la comercialización de estas piezas se encuentra prohibida por ley. El artículo 99 de la Constitución Política señala que el patrimonio cultural del pueblo boliviano (las riquezas natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore) es inalienable, inembargable e imprescriptible, y que el Estado garantizará su registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión.
Sin embargo, la única norma con que se cuenta para proteger el patrimonio cultural es la Ley 1927, del Monumento Nacional, con su respectivo reglamento, que data de 1961. A ella se suman 270 normas, entre leyes y decretos supremos, que declaran patrimonio a monumentos, sitios arqueológicos o arquitectónicos, danzas y otros, sin reglamento la mayoría de ellos, pero no hay una ley marco que señale las responsabilidades de los gobiernos nacional, departamentales y municipales a la hora de proteger ese patrimonio. En respuesta a esta situación, el Ministerio de Culturas ha anunciado que está en preparación un anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural, además del Sistema de Gestión de Sitios del Patrimonio Cultural, para lo que se realizará un ajuste de la base de datos de bienes muebles, inmuebles y patrimonio inmaterial.
Pero el verdadero problema no está en la falta de una ley marco, que sistematice toda la normativa existente, sino en los hábitos de quienes comercian con estas piezas, especialmente en las zonas donde abundan estas reliquias, pues mientras no comprendan el daño que causan a la cultura e historia, seguirán haciendo de este un modo de vida, que como en todo comercio ilícito, deja migajas para los locales mientras delincuentes de cuello blanco se enriquecen en el extranjero. Así, es evidente que en materia de protección del patrimonio, hay que hacer más trabajo de concienciación que de legislación.
