Es sin duda positiva la decisión, asumida por el Presidente del Estado, de enviar el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para que este órgano corrobore o desmienta la supuesta inconstitucionalidad de la norma.
En efecto, esta decisión constituye un importante precedente de cómo se debe actuar cuando se presentan dudas sobre la inconstitucionalidad o no de una ley, ya que deben ser las instituciones competentes las que den una resolución al respecto, y no personas particulares, autoridades individuales o sectores sociales organizados.
La principal crítica respecto a la ley de marras, que apunta a afectar el patrimonio de los contrabandistas, narcotraficantes y personas vinculadas en actos de corrupción, reside en que supuestamente viola la presunción de inocencia de los acusados, por cuanto les impone una grave sanción (la obligación de demostrar la legalidad de sus bienes en pocos días para que no pasen a manos del Estado) sin que antes hayan recibido una sentencia; es decir, sin haber sido declarados culpables.
El Ministro de Gobierno sostiene que la norma no viola el derecho señalado, en tanto se activa con una acusación formal emitida por un juez a requerimiento fiscal y no a simple denuncia. Toca al TCP dirimir esta divergencia.
