La semana pasada los dirigentes del transporte público llegaron al colmo de la intransigencia al anunciar su rechazo a una campaña que exigía el respeto a una disposición para favorecer con rebajas en los pasajes a los sectores más vulnerables de la sociedad: niños, ancianos y discapacitados. Lo peor, la disposición quedó en el papel porque, una vez más, hicieron valer el peso de sus amenazas.
La Campaña por la Seguridad de los Pasajeros en las Flotas fue lanzada con esperanzadores anuncios de por medio (“Los usuarios no tienen que sentirse solos, tienen un Estado que los va a proteger”, afirmó el vicepresidente Álvaro García Linera en el acto) y con datos que revelan la magnitud de un negocio rentable, cuyos ingresos no están dispuestos a tocar los empresarios del transporte, ni siquiera en una pizca.
Más de 16 millones de viajeros por año conforman un atractivo mercado que genera importantes ganancias a un sector que, entre otras cosas, se beneficia con gasolina subvencionada, repuestos que también son adquiridos con subvención y, recientemente, créditos con garantía del Estado para la adquisición de vehículos. Esto sin tomar en cuenta los recursos que reciben sus sindicatos por la inspección vehicular.
No obstante, los dirigentes de este gremio se resistieron a cumplir la norma que había dispuesto que rebajen los pasajes a menores de 12 años (50%) mayores de 60 (20%) y personas con discapacidad grave o muy grave (50%)
Seguramente la “tarifa solidaria” mermaría en algo sus ganancias, pero no provocaría la quiebra del sector ni desataría una crisis de desempleo. Además, los choferes no serían los únicos solidarios por obligación en este país.
La disposición, contenida en el Reglamento de Defensa de los usuarios de Transporte Terrestre, tiene el mismo sentido que el aporte solidario a la renta de vejez, que mes a mes se descuenta a miles de bolivianos a quienes no les queda más que respetar la ley y resignarse a ver sus papeletas con el fraternal descuento.
Pero a los transportistas no hay quién les ponga freno y ahora la famosa campaña que anunciaba como principal meta el respeto a las tarifas solidarias se vino a pique, como la esperanza de menores, ancianos y discapacitados de recibir un trato preferencial.
Y hay otros antecedentes. Los dirigentes de este sector tampoco aceptaron las regulaciones de la Ley Municipal de Transporte y recientemente anticiparon su rechazo al proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que les obligaría a probar en diez horas el derecho propietario sobre el vehículo que conducen en caso de que éste sea detectado transportando carga ilegal.
Es decir que no demuestran apertura alguna cuando se trata de aprobar normas que impliquen algún tipo de control al sector, al que considero como uno de los que más atropella los derechos ciudadanos. ¿Exagerado?
Pues basta ver cuántas unidades que deberían estar en deshuesaderos aún prestan servicio público, cuántas trabajan sin cinturones de seguridad o cuántos choferes cargan sus unidades como si se tratase de latas de sardina y no respetan las señales de tránsito. Ni qué decir de los famosos surubís, que se han convertido en un elemento estadístico relevante de la inseguridad en las carreteras, o los servicios de radiotaxi que mantienen un carnaval de tarifas que nadie puede controlar.
En verdad es hora de que los usuarios se sientan protegidos por el Estado y un buen primer paso sería poner freno a los empresarios del transporte.
