La intervención policial de un congreso en el que participaban 15 pandillas en Santa Cruz, organizado para pactar una tregua y crear un solo grupo delictivo, planificar futuros golpes y la venganza de uno de sus miembros, ha causado inquietud entre la población y las autoridades, pues revela que estos grupos apuntan a convertirse en verdaderas organizaciones criminales.
En efecto, el hecho de que estas pandillas hayan alquilado una cancha de fútbol para reunirse a plena luz del día, con el propósito de organizar delitos y cobrar deudas de sangre, revela que estos grupos se sienten amenazados no por las fuerzas del orden, sino solamente por otras bandas contrarias. Pero también, y más grave aún, que para muchos jóvenes y adolescentes la delincuencia se está convirtiendo en una forma de vida.
Situación que debería llamar la atención pero sobre todo motivar a la adopción de acciones concretas, desde el Estado y la sociedad civil, para contrarrestarla. No podemos olvidar que la delincuencia, cuando crece, se convierte en un monstruo de mil cabezas, que es no sólo más peligroso y nocivo para la sociedad, sino también mucho más difícil de contener. Ni tampoco que la resolución de este problema pasa por romper la dinámica entre pobreza, exclusión social, inequidad y la ausencia estatal, que provee a las pandillas y a los grupos vinculados con el narcotráfico de jóvenes y adolescentes, que les sirven de carne de cañón para su próspero negocio.
Abordar este desafío obliga a revisar la situación de la adolescencia y la juventud. Por ejemplo, las cifras de asistencia escolar caen de manera dramática en la adolescencia comparada con los niños; lo que ratifica que el principal problema ya no es la falta de acceso al nivel primario, sino la exclusión del sistema educativo de los adolescentes. Según estimaciones del INE, en los estratos más pobres de la población, sólo tres de cada diez adolescentes están escolarizados, subiendo a seis de cada diez en los tres siguientes niveles.
Por otra parte, cerca de siete de cada diez adolescentes del nivel más desfavorecido están incorporados al mercado laboral; mientras que en los niveles de menor pobreza son dos de cada diez los adolescentes trabajadores. Es evidente que a mayores niveles de pobreza, mayor inserción temprana al mercado laboral; y por tanto, mayor exclusión del derecho a la educación, reproduciendo el círculo vicioso de pobreza e inequidad.
Estos y otros factores (como la carencia de lazos afectivos en el hogar, que son suplidos por el grupo, o la avalancha de estereotipos de familias acomodadas que se traduce en mayores niveles de frustración) explican la proliferación de las agrupaciones denominadas pandillas. De allí la importancia de revertir la desigualdad y la exclusión que afecta particularmente a la niñez y adolescencia, adoptando políticas públicas de inclusión social.
