Culminado el empadronamiento censal, viene la tercera fase, en la que se sistematizará la información de la muestra obtenida. Aunque no se saben aún los resultados (el trabajo tomará meses), ya se han pronunciado algunas autoridades de unidades político-administrativas autónomas en las regiones y municipios exigiendo el incremento de los recursos que perciben para el próximo año, así como la redistribución del número de diputados plurinominales en función a los nuevos datos relativos al número de habitantes.
Este tipo de pedidos, sin duda legítimos, nos hacen ver —sin embargo— que para algunos el censo no tiene otro significado que la redistribución de recursos o de espacios parlamentarios. Esta visión estrecha de lo que significa un censo es preocupante, porque se está dejando de lado que el principal objetivo de la encuesta es obtener información sobre las personas, número, distribución geográfica, condiciones de vida, nivel educativo, condiciones de salud, ingresos, servicios básicos, necesidades insatisfechas, vivienda, edad, sexo e identidad cultural; datos importantes para la definición de políticas públicas.
Los diferentes niveles de la administración estatal en el último quinquenio han tenido ingresos económicos que han superado todas las previsiones; hecho que se refleja en el crecimiento exponencial de la inversión pública. Lo paradójico es que varias autoridades que están exigiendo más recursos, o por el contrario advirtiendo que no permitirán que se les disminuyan los mismos, a estas alturas del año no han ejecutado ni el 60% de sus presupuestos, quedando millones sin utilizar en los bancos. Al parecer sólo les preocupa contar con más dinero y poco les importa saber en qué es necesario invertirlo.
Probablemente el próximo escenario de conflictividad se generará por la redistribución de los curules y de los recursos económicos determinados por población. Lo lamentable es que la preocupación excesiva por estos aspectos puede relegar la otra información del censo, información precisa y actualizada, indispensable para la administración estatal en todos sus niveles y para la propia sociedad civil.
Los mecanismos de distribución de los curules por número de habitantes están definidos en la Constitución Política y no debe admitirse discusión al respecto. En cuanto a la distribución de los recursos, existen parámetros establecidos en las leyes vigentes, por lo que lo único que cabe es aplicar lo que prescriben las normas. Un país al que le ha costado tanto realizar el censo, no puede darse el lujo de dejarse arrastrar por posiciones mezquinas a conflictos artificiales, tal como ocurrió con los impertinentes litigios por límites entre algunos municipios que casi frustra el empadronamiento en algunas zonas del territorio nacional.
