Los autodenominados trabajadores del volante fueron noticia nuevamente, debido a que sus dirigentes anunciaron ayer que subirían las tarifas del transporte en la ciudad de La Paz. Pues a este columnista la noticia le parece bien; siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, que tienen que ver con el balance entre el nivel requerido de rentabilidad empresarial (que toda economía necesita en el capitalismo) y el bienestar de la comunidad; dicho de otro modo, el bien común, que no puede regirse por criterios de rentabilidad privada.
Para ilustrar mi posición, tomaré el ejemplo de las empresas petroleras transnacionales. ¿Por qué las transnacionales del petróleo operan en el país en las condiciones actuales? Es decir, en condiciones en que la renta petrolera nacional queda en 82% para el país y 18% para las empresas. Pues, porque en esas condiciones, operar en Bolivia les rinde un beneficio empresarial.
Analicemos desde otro ángulo. Las medidas de imposición de tributos, regalías, propiedad de reservas de hidrocarburos y otros mecanismos de retención del excedente petrolero que impuso el Gobierno en su momento, estaban orientadas a balancear el beneficio empresarial con el bien común: el negocio petrolero es suficientemente rentable como para que alcance para las empresas y también para las necesidades del país. Las empresas, por lo tanto, pueden y, en la medida en que el Estado les determine condiciones de rentabilidad, deben operar en un entorno que equilibre sus objetivos de rentabilidad empresarial con las necesidades de la sociedad y el objetivo estatal del bien común.
Para redondear el análisis y ver el tema desde otra perspectiva, recuerdo ahora el viejo dicho de las abuelas: “lo barato cuesta caro”. La realidad es que las tarifas de transporte urbano han estado estancadas desde hace años; si bien el precio del combustible se ha mantenido estable en todo este tiempo, probablemente su incidencia sea mayoritaria, pero queda por resolver el problema de los otros costos de mantenimiento, inversión, etc. que se deben realizar para prestar el servicio, y que son costos que sí han subido en los últimos años.
Si las tarifas no se incrementan, lo que va a suceder es que los transportistas, para mantener su rentabilidad empresarial a niveles constantes, directamente dejarán de asumir los costos que no tienen que ver con los combustibles. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Usted ingresa en cualquier minibús o micro de transporte público en nuestra ciudad y lo más probable es que esté sucio: primer costo suprimido en aras de la ganancia empresarial. La segunda impresión que seguramente se llevará es que los tapices de los asientos estén rotos, que su espalda le duele porque el respaldar parece una hamaca vertical y que el revestimiento de las chapas está roto. Cuando el vehículo en cuestión empiece a moverse, probablemente lo próximo que usted note será el sonido del motor y, eventualmente, la incomodidad de un par de amortiguadores en mal estado. Por otro lado, desde el punto de vista empresarial, intentarán congelar el costo de la mano de obra, lo que cobran los choferes asalariados, no dueños de los vehículos. Esto sólo se logra si es que hay una sobreoferta de choferes, cosa que en las ciudades de nuestro país parece más que evidente.
A eso me refiero cuando digo que lo barato cuesta caro. Si queremos un transporte de mejor calidad, probablemente tengamos que pagar algo más por éste. Pero ahí está el Estado, para asegurarse que el impulso por captar mayor beneficio empresarial no choque con la necesidad de un servicio de calidad, que es lo que el bien común exige.
