El Tribunal Supremo Electoral aprobó finalmente el reglamento que define los plazos y procedimientos para hacer efectivo el derecho ciudadano al referendo revocatorio. Así, desde este sábado hasta el 22 de febrero, cualquier persona puede iniciar el trámite para revocar en las urnas el mandato de uno o más gobernantes o representantes electos. En caso de admitirse alguna iniciativa, el referendo se realizaría el 8 de diciembre de 2013.
Sin duda la revocatoria de mandato constituye un importante mecanismo de ampliación democrática. Empero, su ejercicio plantea algunas dificultades e inconvenientes. La principal dificultad son los elevados porcentajes de firmas que se requieren para la iniciativa popular. ¿Cuán viable, por ejemplo, es conseguir la adhesión del 30% de potenciales votantes de un municipio en un plazo de apenas 90 días? Y ni hablemos de los costos económicos. El inconveniente tiene que ver con el prolongado tiempo que demanda la realización de un referendo revocatorio: tres meses para el trámite inicial, 90 días para conseguir firmas, 60 días para revisarlas, cuatro meses para organizar el referendo y, en caso de que la autoridad sea revocada, otros cinco meses para reemplazarla en una nueva elección. Algo está mal. Urge analizar el tema y debatirlo.
