El jueves, por una abrumadora mayoría, la Asamblea General de Naciones Unidas admitió a Palestina como Estado observador. Esta decisión, aprobada con 138 votos a favor, 41 abstenciones y nueve en contra, abre un nuevo capítulo en un conflicto que se prolonga por más de seis décadas, y deja a Israel y a Estados Unidos en el mayor aislamiento diplomático que han conocido jamás.
Ambas naciones se oponen al reconocimiento de un Estado palestino dentro de las fronteras anteriores a 1967, pues aseguran que constituye un obstáculo para las negociaciones de paz, porque en teoría tal decisión representa una violación a los mandatos de las Naciones Unidas, en tanto sus resoluciones exigen una solución negociada del conflicto palestino-israelí. También sostienen que este reconocimiento alejará aún más a los palestinos de la mesa de negociaciones, pues ahora tratarán de buscar una solución impuesta desde afuera.
A su vez, los palestinos y los países que los apoyan sostienen que es precisamente esta posición unilateral israelí, secundada por Estados Unidos, y su negativa a evacuar los territorios lo que hace tan necesario el reconocimiento de Palestina como país miembro de la ONU. Y es que con la excusa de que Israel no es un ocupante y que los vínculos históricos hacen que «Judea y Samaria» pertenezcan a la nación judía, el Gobierno hebreo ha implementado sistemáticamente, durante décadas, una política de despojo de tierras palestinas, la privación de derechos civiles y humanos, e inclusive acciones militares que han sido calificadas como crímenes de guerra (por ejemplo la operación Plomo Fundido, en 2008).
Ahora bien, la votación no supone la admisión de Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU, decisión que corresponde al Consejo de Seguridad y que ha sido vetada por EEUU. Sin embargo, supone un éxito diplomático y jurídico para la Autoridad Palestina (AP); tanto más importante por cuanto permite considerar a Israel como un país ocupante y calificar sus acciones de ilegales; y no existe nada más unilateral que la ocupación militar de un pueblo sobre otro. Además, con su nuevo estatus, los palestinos pueden ahora acudir a la Corte Penal Internacional (CPI) o al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, lo que sin duda influenciará positivamente en las acciones que asuma Israel contra Palestina.
Adicionalmente, es posible suponer que cuando Mahmud Abbas se siente a negociar como presidente del Estado palestino con mandato de la ONU, en vez de hacerlo como presidente de la Organización para la liberación de Palestina (OLP), con una inmensa población de refugiados, el conflicto se convertirá en un tema de negociación entre Estados mucho más manejable, y a Israel le será incluso más fácil negociar y resolver los conflictos más inmediatos y factibles.
