Cree usted, ilustrado lector, que el régimen político vigente en Bolivia merece el título de Estado de derecho? La verdad es que Bolivia ocupa el lugar 84 entre 97 países en el Índice del Estado de Derecho 2012, publicado por la organización World Justice Project (WJP). En la región, Bolivia ocupa el onceavo lugar entre los 16 países de América Latina, mientras que Chile y Uruguay son los líderes. Es decir, estamos en la cola.
Pues qué esperaba; usted se creía que puede llamarse Estado de derecho al país donde en lugar de la Ley Fundamental, prevalecen el capricho y la arbitrariedad del gobernante autócrata. O donde, cada dos por tres, se alarga la lista de los ciudadanos encarcelados sin previo juicio. Y en donde fue posible que unos funcionarios públicos de segundo nivel pudieran tejer por largo tiempo una red de extorsiones y otros delitos, sin que las autoridades superiores se enterasen. Sólo después del largo tiempo de impunidad de la que gozaron estos delincuentes hubo alguien, ojo avizor, que mandó sonar la alarma y soltar los perros contra esos malandrines
Y es que para merecer el título de Estado de derecho, los que mandan han de cumplir —cumplir y hacer cumplir— lo que manda la Ley Fundamental. Y no sólo esto. Es necesario que la Constitución establezca con firmeza y claridad el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, como sentenció Abraham Lincoln.
Digamos, por fin, que el Estado de derecho es aquel en que los tres poderes del Gobierno, interdependientes y coordinados, representan al pueblo. Pues bien: no puede afirmarse que gobierne correctamente el pueblo cuando el que ejerce el mando absoluto es quien impone su capricho, sobre una mayoría enmudecida. Y seguimos: gobernar para provecho propio de los que mandan y no en provecho del pueblo no merece el título de Estado de derecho. Será fácil encontrarle otros apellidos, por ejemplo, autocracia, dictadura, tiranía, y otros no menos repulsivos.
Pasando ahora de las definiciones generales a situaciones concretas, citaré el caso de los bienes incautados, sobre los cuales el propio ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmaba este fin de semana que “donde hay bienes incautados hay corrupción”. Es una expresión de fatalidad, como la de que haya bancos y que éstos son asaltados de vez en cuando. Es una candidez pensar que tales cosas no van a suceder, pero ocurren. Personalmente no tengo duda alguna de que los bienes incautados han sido y siguen siendo presa fácil para los que están en el poder. Pues ya que hemos apuntado un caso, le dedicaré unas líneas para entretenimiento del lector.
Erase una vez… cuando subió al poder un gobierno, que ofreció a un ciudadano el premio de una embajada como recompensa a los servicios prestados; el astuto sujeto declinó el honor de ocupar un alto cargo en el servicio exterior, pero exigió, a cambio, un cargo más prometedor y pegajoso: la administración de los bienes incautados a los narcotraficante que ya operaban en Bolivia. No es pues extraño que entre las fechorías cometidas por algunos de los miembros de la red mafiosa descubierta el pasado fin de semana haya algún personajillo galardonado con el lucrativo privilegio de incautar las armas y bagajes de los narcos.
