El lunes último, en ocasión de recordarse el 64 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo presentó su informe anual, basado tanto en el registro de denuncias presentadas a la institución como en la reflexión de la entidad. Aunque es inevitable el sesgo político en el análisis, es importante prestar atención al mensaje.
En efecto, el Informe Anual 2012 de la Defensoría del Pueblo resalta que la crisis en la Policía, el Ministerio Público y el de Gobierno, así como la ausencia de sistemas y la ineficiencia de las entidades encargadas del control y seguimiento a la transparencia de instituciones públicas, son causa directa de la vulneración sistemática y sostenida de los derechos humanos.
Como es fácil de imaginar, semejante conclusión está basada en el efecto de opinión provocado por la publicidad del caso de la supuesta red de extorsionadores desactivada semanas atrás, lo que, pese a denotar un excesivo apego a la coyuntura en desmedro de un análisis más profundo, no le quita razón, pues todos los delitos que supuestamente cometieron los servidores públicos denunciados son muestra evidente de vulneración de derechos de las personas causado por el abuso del poder del Estado.
Por otra parte, el respeto de los derechos de los pueblos y naciones indígenas también fue abordado por el Defensor en su informe, pues sostiene que el mismo se constituye en la base de la construcción del nuevo Estado, tarea que de fracasar pone en riesgo a algunos pueblos indígenas vulnerables, en evidente referencia a lo sucedido a propósito del conflicto por la carretera que se pretende construir a través del TIPNIS.
Aquí cabe destacar que la reflexión del Defensor del Pueblo sobre el tema en particular antecede al viaje de una comisión defensorial al lugar, anunciada para enero, por lo tanto, las conclusiones no se basan en evidencia propia, sino en discursos mediáticos u otras fuentes secundarias sobre los hechos.
Con todo, no pudo negar que el Estado ha dado importantes pasos en materia de normativa explícitamente orientada a la protección de los derechos de las personas. Al respecto, el Defensor destacó que como nunca antes en la historia republicana, el Estado había promulgado tantas leyes que favorecen a los derechos humanos, sin embargo, dijo que los resultados, medidos en términos de vulneraciones, no acompañan la eficiencia y la rapidez con que se legisla.
