Ya es costumbre que los movimientos sociales anuncien su evaluación anual del gabinete, la que además llega acompañada de observaciones que anticipan pedidos de ajuste, lo que con seguridad quita el sueño a más de uno de los colaboradores del presidente Evo Morales.
La dirigencia de las mujeres campesinas anticipó que la evaluación se realizará el 14 de diciembre y que ya detectaron que algunos ministros “no aportan al proceso de cambio”. En 2011 los movimientos sociales habían apuntado con sus críticas a los ministros del área política y un año antes a los del área económica. Todos los bolivianos, no sólo los movimientos sociales, tienen derecho de hacer evaluaciones e incluso lanzar sugerencias, pero no parece lo más correcto hacerlas conocer con tono de amenaza.
La Constitución define claramente que la conformación o ajuste del gabinete ministerial es atribución exclusiva del Mandatario y, en consecuencia, será él quien determine quiénes se quedan y quiénes se van. Y si considera que traicionaron o no el proceso de cambio.
Ciertamente, los dirigentes sindicales tienen cuidado en recordar que están conscientes de ello, pero insisten con el mecanismo de advertencia (“algunos no aportan al proceso de cambio”) que poco contribuye a que el Jefe del Estado tome una decisión serena y bien meditada sobre su principal equipo de colaboradores.
