Semanas atrás, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó en Lima, Perú, un estudio que bajo el título “La protesta social en América Latina” analiza las causas de la conflictividad social en los países del continente. Los conflictos sociales no necesariamente son algo malo, sino que significan que la gente demanda derechos, dice el estudio.
En efecto, el subsecretario general de la ONU y director regional del PNUD, Heraldo Muñoz, afirmó en entrevista con la agencia de noticias AFP que “el conflicto social no es sinónimo de guerra; es más bien el orden conflictivo de la interculturalidad y de la diversificación consustancial a la democracia”, es decir que es una manifestación democrática en la cual se pone en juego la libertad de expresión de las personas.
De acuerdo con la investigación, los países latinoamericanos que registraron el número más alto de conflictos son Bolivia, Perú y Argentina, mientras que los países menos conflictivos son Costa Rica, Chile y El Salvador.
Asimismo, Colombia y México presentan grados de conflictividad social “relativamente bajos”, sin considerar la violencia derivada del crimen organizado, el narcotráfico y la guerrilla que afectan a ambos países. Aun así, esta conflictividad baja no significa que los países estén exentos de movilizaciones, que pueden llegar a ser de magnitud y trascendencia mayor, como el caso de las protestas estudiantiles en Chile a lo largo de 2011.
En ese sentido, el experto y autoridad de la ONU subraya que “América Latina tiene que acostumbrarse a los conflictos sociales, no hay que tenerles temor, lo que se tiene que hacer es saber enfrentarlos y la clave es el diálogo, la negociación y la capacidad del Estado para solucionarlos”, y agrega que criminalizar la protesta es “un grave error porque ello es cercenar la democracia y las libertades básicas de expresión de las movilizaciones”. El dato no es menor considerando que días atrás el Gobierno promulgó una norma que, precisamente, elimina la penalización de la huelga y otras formas legítimas de protesta, disposiciones que habían sido introducidas en la economía jurídica del país durante la dictadura de Hugo Banzer.
Sin embargo, el que la protesta haga visible la vigencia de la libertad de expresión no debe ser motivo para descuidar las causas que la originan.
“La protesta social es un contundente ‘no’ a la situación actual. La protesta es un grito y gente movilizada. En la protesta la gente demanda algo”, señala el informe, agregando que “a mayores brechas sociales, mayor cantidad de conflictos sociales asociados a mayores niveles de radicalidad en la protesta”, lo que obliga a las autoridades no a prohibir los conflictos, sino a saber leerlos oportunamente y, sobre todo, evitarlos a través de políticas capaces de resolver las carencias y necesidades de la población.
