Me encuentro en Llallagua, distrito minero del Norte de Potosí, son las 6 de la tarde, siento frío, camino hacia la terminal de buses, antes de llegar a dicha infraestructura, a mi izquierda una gran porción de espacio me llama sobremanera la atención, es una cancha de césped sintético, llena de niños jugando, hay parejas sentadas sobre el plástico que pretende simular la naturaleza, más allá padres enseñando a sus hijos los pases propios del fútbol, miniequipos disputando un partido de fútbol, cada metro cuadrado está ocupado por personas que practican el deporte, horas más tarde la cancha seguirá ocupada por la gente alumbrada por reflectores, tomo una imagen fotográfica para el recuerdo.
La cancha de césped sintético me llama la atención por el simple hecho de estar llena de gente, de todas las clases sociales, de todas las edades, no tenía rejas alrededor ni puertas metálicas cerradas con grandes candados que evitasen el paso y el uso por parte de la población, era un espacio abierto para todos. Ese hecho marcaba la diferencia con el resto de las canchas de césped sintético existentes en todo el país, espacios que han sido privatizados —salvo excepciones— ya que sólo los que tienen dinero pueden usar las canchas de césped sintético, cobrándose por partido, entre Bs 100 a 250, monto percibido por alguna organización social, sea la liga deportiva, sea la junta de vecinos o alguna otra organización que ha sido beneficiada por el programa Evo Cumple, programa que entre otros proyectos de infraestructura, se encarga de construir canchas de césped sintético en toda Bolivia.
Se puede discutir mucho sobre el destino de los recursos obtenidos por el alquiler de las canchas con césped sintético, pero es más importante saber que dichas obras fueron construidas con fondos públicos, provenientes del préstamo de la República Bolivariana de Venezuela o fondos del Tesoro General de la Nación (TGN), por lo tanto, no debería cobrarse ningún “derecho de uso”; para evitar malos entendidos, el presidente Evo Morales debería establecer con claridad (inclusive mediante decreto supremo) que las canchas de césped sintético tienen un fin social, por lo tanto, debería prohibirse cualquier tipo de cobro; también al momento de la entrega de la cancha debería mostrarse un letrero con grandes letras y de tamaño visible, conteniendo la prohibición. Caso contrario, la construcción de canchas deportivas de césped sintético —como se ha visto— sólo implica que quienes pueden pagar por el uso, pueden hacer deporte.
