Entró en vigencia la disposición que determina la clausura inmediata a los negocios que no emitan factura y de forma definitiva cuando reincidan por quinta vez. Un ajuste de tuerca que esperemos que esta vez contenga definitivamente a los cientos de comerciantes evasores que pululan en las narices de las autoridades encargadas del control, no obstante —hay que reconocer— los esfuerzos que se han hecho en el último tiempo.
Por años, los comerciantes (principalmente de electrodomésticos) de las calles Eloy Salmón y Uyustus en La Paz, la Cancha en Cochabamba y el mercado Abasto en Santa Cruz, se han dado modos para evadir sus obligaciones impositivas por las elevadas sumas que manejan en sus negocios millonarios encubiertos en fachadas humildes. Pero además de no entregar facturas están estrechamente vinculados al contrabando y, aprovechando la falta de control, también se especializan en vender “gato por liebre”. Un ejemplo: una investigación de La Razón constató que la mayor parte de los equipos que se venden en la Eloy Salmón son reacondicionados.
La nueva disposición abre la esperanza de que estos negocios al menos cumplan con su obligación de entregar facturas. Lo demás queda pendiente.
