En un acto con los principales dirigentes indígenas que se opusieron a la consulta en el TIPNIS, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Iglesia Católica hicieron entrega de un informe preliminar según el cual —tal como declaran desde hace tiempo dichos dirigentes— la consulta no habría sido libre, ni informada, ni de buena fe. Al contrario, habría estado condicionada por “regalos, promesas y prebendas”, cuando no amenazas.
Se trata sin duda de un posicionamiento importante —que el oficialismo califica de “político”—, toda vez que busca refutar la versión oficial sobre la consulta. Así, mientras el Ejecutivo sostiene que de las 58 comunidades consultadas 55 aprobaron la carretera que atraviesa el TIPNIS, el citado informe afirma que en su recorrido de 15 días “verificó” que 30 de las 36 comunidades visitadas rechazaron la carretera. Los datos, otra vez, no cuadran.
El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático ha anunciado la pronta entrega del informe de acompañamiento que hizo a la consulta. Asegura que cuenta con documentación de respaldo, incluyendo audiovisuales. También será bueno esperar el informe final de la comisión interinstitucional para saber, al menos, a quiénes preguntaron. La batalla por los resultados de la consulta, y su interpretación, sus efectos, apenas empieza.
