En su manifiesto “Por la vida y contra el capitalismo salvaje”, leído el 21 de diciembre en la Isla del Sol en la ceremonia por el “inicio del Pachakuti” (tiempo nuevo), el presidente Evo Morales propuso diez mandatos para construir la cultura de la vida. El primero de esos mandatos, con muchas implicaciones, es nada menos que “refundar la democracia y la política”.
¿Qué significa refundar la democracia? La primera implicación tiene que ver con el ejercicio del poder. ¿Quién detenta el poder político? ¿Quién gobierna? Contra los sistemas políticos elitistas y excluyentes asentados en diferentes formas de jerarquías o en regímenes monárquicos o en gobiernos de pocos (oligarquías), el mandato plantea “empoderar a los pobres”. El reto radica entonces en construir una democracia de los pueblos, de los marginados.
La segunda implicación se refiere a sus destinatarios. ¿A quién sirve la democracia? ¿En beneficio de quién se gobierna? Contra los sistemas políticos que “sirven el bolsillo de pocos” y son instrumentos de lucro para el enriquecimiento de algunos privilegiados que, además, gobiernan en beneficio del mercado y del capital, el mandato propone responder ante todo a las urgencias de los más necesitados. La democracia, por definición, es para servir al pueblo.
Asumida de ese modo la refundación de la democracia centrada en el pueblo, la siguiente implicación consiste en postular un “modelo de democracia”. No uno nuevo, sino uno ancestral. El presidente Morales postula pasar de la democracia representativa a la democracia comunal, de un gobierno de élites y minorías a uno sin mayorías ni minorías, de la toma de decisiones mediante el voto a las decisiones tomadas por consenso. Se trata de una verdadera revolución en el régimen político.
Siendo loable, este mandato presidencial tiene algunas dificultades que es necesario indagar para la reflexión y el debate. Para empezar, abandona el principio de complementariedad establecido en la Constitución Política del Estado, que reconoce tres formas de democracia: la participativa, la representativa y la comunitaria. Ignora así el horizonte de una democracia intercultural que supone el ejercicio, en igual jerarquía, de esas tres formas de democracia (no sólo de una).
La otra dificultad tiene que ver con el principio de representación: ¿se puede gobernar sin representantes designados o electos?, ¿el “mandar obedeciendo” no supone en sí mismo la representación?, ¿las organizaciones sociales y comunitarias expresan, sin exclusiones, al pueblo? Y con relación a las decisiones: ¿se pueden tomar todas las decisiones por consenso?, ¿se lo puede hacer en el ámbito nacional?, ¿qué se hace con las minorías de veto?
