El caso Ostreicher, digno de un análisis que hoy abordamos, puso a la administración de justicia bajo la lupa. Una de las características de la corrupción es su persistencia histórica y su capacidad de metamorfosearse organizacionalmente, me explico con un ejemplo: cuando era ministro de defensa Walker San Miguel dijo que “la administración de justicia ya no está en manos de los masones”, si esto es así, otras “pequeñas logias” comenzaron a actuar de inmediato como lo evidencia el caso Ostreicher y otros que empiezan a tomar notoriedad.
Un segundo elemento son los millones de dólares que se disputan así como el hecho de que potencialmente el manejo de cualquier segmento del presupuesto nacional puede caer en un proceso judicial, lo mismo que el patrimonio de cualquier ciudadano así como su seguridad e integridad personal, lo cual nos muestra la dimensión del peligro social de la corrupción.
Un tercer aspecto es la suerte de autonomía procesal de facto con que históricamente se blindó la actuación de jueces, fiscales e investigadores, salvando las excepciones que confirman la regla, llevando incluso impunemente a procesar a las víctimas denunciantes, que reclamaban justicia en los tribunales, si éstas estorbaban su actuación procesal perversa. Al amparo de este blindaje procesal se crearon nuevas redes de corrupción, incorporando a connotados y recurrentemente “invictos” bufetes de abogados.
Este escenario nos devela una sociedad históricamente indemne ante la administración de justicia y una institucionalidad estatal débil (producto de un Estado larvario) con ineficiencia, impotencia o complicidad frente a este blindaje judicial en la actuación sobretodo procesal que es, donde actúan los demonios por la falta de transparencia. Como en el pasado ahora se ratifica lo diagnosticado con las decenas de casos judiciales que iniciaron bajo su control la red de corrupción que actuó contra Jacob Ostreicher. Simultáneamente se conoce que el botín de dicha red fue depositado en cuentas particulares y que si los implicados se logran beneficiar de una equivocada imputación fiscal pueden quedar en libertad en pocos meses y, obviamente, a continuación disfrutar de lo indebidamente obtenido.
La oposición e incluso miembros del MAS extienden la responsabilidad del caso Ostreicher a importantes miembros del Ejecutivo, aduciendo que “la función se delega pero la responsabilidad no” y olvidando que los delitos penales son personalísimos, salvo que se demuestre complicidad y omitiendo la gigantesca inercia que estructuralmente acarrea la administración de la justicia en el país.
Se ha puesto en evidencia una vez más el lado oscuro de la administración de justicia, sin embargo, que una docena o mas de implicados en la red de corrupción hayan sido detenidos, siendo todos ellos funcionarios estatales es, desde luego, una buena señal además de algo nunca visto en nuestra historia, pero es también insuficiente si no se restituye a su propietario el dinero ilegalmente confiscado y si los implicados no son debidamente imputados por la Fiscalía. Y oportuna y legalmente sentenciados por el juez, lo cual supondría el inicio de una indispensable y autentica revolución judicial que se incorpore a la estructura del Estado y trascienda incluso a una alternancia en la gestión gubernamental.
