La tensión en la que se mantienen las relaciones boliviano-chilenas está siendo agravada cada vez más con las declaraciones agresivas e inconducentes que realizan las autoridades de ambos países. Hace poco el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, calificó a Chile de mal vecino, inamistoso, provocador, agresivo y chico malo del barrio. Ante lo cual, la Cancillería chilena respondió que esos calificativos carecen de fundamento y que en su política exterior “no existe ningún indicio o accionar internacional que pueda calificarse de provocador o agresivo”.
Es evidente que a García Linera le faltó fundamentar sus acusaciones, pues si realmente quería enfurecer a los chilenos, debió aclarar que Chile no sólo es un mal vecino porque “no da salida al mar a un país que nació con mar”, sino también por otros actos hostiles como la desviación unilateral de los ríos Lauca y Caquena en los años 60; la utilización gratuita e ilegal de las aguas bolivianas del Silala desde 1908; el incumplimiento de varias disposiciones del Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios; el mantenimiento de minas antipersonales en la frontera desde los años 70 (ello a pesar del compromiso asumido por el Gobierno chileno de removerlas y destruirlas); el armamentismo excesivo; las constantes amenazas de sus autoridades de hacer uso de la fuerza, el incumplimiento de al menos nueve compromisos asumidos por Santiago para resolver el problema marítimo de Bolivia, etc.
O, mejor aún, pudo haber citado algunos ejemplos de buena vecindad que se dan en el mundo en favor de países sin litoral marítimo. Como el caso de Tailandia que ofrece a Laos una excelente carretera de cuatro carriles y un moderno ferrocarril que sí funciona para que acceda al mar; o el ejemplo de Kenia que ha mejorado su red ferroviaria para que Ruanda y Uganda puedan sacar sus productos a ultramar; o la concesión otorgada por India a Bután para que pueda manejar sus mercancías en territorio hindú con su propia agencia aduanera. O más destacable aún, el caso de Croacia que aceptó interrumpir la continuidad de su territorio para que Bosnia Herzegovina acceda soberanamente al mar Adríantico.
Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en lugar de quedarse callado y evitar mayores estridencias, decidió afirmar que Bolivia no puede recurrir a la Corte Internacional de Justicia ya que, según él, el Gobierno boliviano tiene que apelar a los instrumentos que contempla el Tratado de 1904 y no como hizo Perú, al Pacto de Bogotá.
Estas declaraciones, además de ser inconducentes e inapropiadas (porque no le corresponde a Piñera decidir qué casos pueden llevarse a la Corte y qué casos no), demuestran que no conoce cuáles son los argumentos jurídicos en los que Bolivia podría basar su demanda y que no tiene la más mínima voluntad de mejorar el trato bilateral que su gobierno ha venido estropeado desde que canceló la Agenda de 13 puntos en noviembre de 2010.
Por todo esto, parece que la tensión entre ambos países se mantendrá en este año que comienza y que, lamentablemente, no será posible iniciar una aproximación que permita solucionar los problemas que por tanto tiempo nos han distanciado.
