Cómo funcionan y qué efectos tienen en realidad los procesos de consulta? Tal la interrogante principal que aborda el jurista colombiano César Rodríguez-Garavito. Y señala algunos rasgos importantes de la consulta previa en América Latina. Lo hace utilizando una noción fuerte: “campos sociales minados”. Y es que son territorios altamente riesgosos; en muchos casos giran en torno a la explotación de una mina y en otros están literalmente sembrados de minas antipersonales.
Entre los rasgos que identifica Rodríguez-Garavito con relación a la consulta en la región, quizás el más relevante tiene que ver con el hecho de que las discusiones sustantivas son reemplazadas, al menos de manera parcial y temporal, por los debates procesales. Así, en lugar de discutir cuestiones fundamentales sobre la tierra, los recursos naturales, la autodeterminación, las controversias giran en torno a los procedimientos, los plazos, las personas consultadas…
Este rasgo es evidente, por ejemplo, en el caso del reciente proceso de consulta en el TIPNIS. Al final, en lugar de analizar cuestiones relativas al modelo de desarrollo o, mejor, de alternativas al desarrollo desde la cosmovisión de las naciones y pueblos indígenas, la disputa simbólica se concentró en cuántas comunidades fueron consultadas, cuáles resistieron, qué se les preguntó, qué respondieron, cuántas aceptaron la carretera, cuáles no… Se trata de un efecto de desplazamiento.
Otro aspecto importante explorado por Rodríguez son las consecuencias. ¿Para qué sirve finalmente la consulta previa libre e informada, habida cuenta de que, en especial en circunstancias extremas, los proyectos económicos en juego siguen su curso pese a la oposición de los pueblos indígenas? En otras palabras: ¿tiene sentido el mecanismo de la consulta si la evidencia muestra que no logra detener megaproyectos en cuestión? ¿No es una mera formalidad?
Sobre esto el estudioso colombiano señala que los requisitos procedimentales de la consulta, a regañadientes cumplidos por gobiernos y empresas, suelen ser “los únicos mecanismos eficaces para desacelerar el ritmo vertiginoso de los proyectos económicos extractivos y controvertir las decisiones estatales que los respaldan”. Así ocurrió en los tres casos analizados en su trabajo: la represa de Belo Monte en Brasil, el territorio Sarayaku en Ecuador y la represa Urrá en Colombia. No se consigue frenar el (neo)extractivismo, cierto, pero al menos se lo retrasa.
Rodríguez va más lejos todavía al identificar un efecto de emancipación abierto por los procesos de consulta previa, aunque sean fallidos. Además de aplazar daños culturales y ambientales, en muchos casos irreversibles, la consulta puede impulsar y articular procesos de acción colectiva. Por supuesto que son procesos complejos y contradictorios que movilizan diferentes actores e intereses, tanto locales como nacionales e incluso externos. No es casual que varios de estos casos terminen ventilándose en organismos internacionales de derechos humanos.
Claro que este potencial emancipador tiene su contracara. Ese revés según Rodríguez-Garavito es lo que llama efecto de dominación. Y es que “la realidad de la consulta suele parecerse más a un acto privado de negociación que a uno público de deliberación”. No es entonces una relación entre iguales que se comunican, sino un acto que “reproduce y legitima las diferencias estructurales de poder entre las partes”. Un acto, además, que termina siendo controlado por el saber técnico de abogados y ONG.
¿Qué nos dice todo esto sobre los conflictos en torno a la tierra, los recursos naturales y la etnicidad en tiempos de globalización? Sin duda esta otra pregunta de César Rodríguez abre un complejo campo político, también minado, de discusión. Ahí está la consulta en el TIPNIS para demostrarlo.
