De manera lamentable, el máximo comité internacional de regulación bancaria (Comité de Basilea) retrocedió ante la presión ejercida por los grandes bancos internacionales; flexibilizando normas de liquidez y ampliando el plazo hasta 2019 (el inicial fue 2015) para el aporte de nuevo capital accionario, hecho que podría debilitar el sistema financiero mundial.
En efecto, más pudo la capacidad de cabildeo (y la avaricia) de los grandes grupos financieros transnacionales que el espíritu de prudencia financiera de los bancos centrales de los países más desarrollados. La norma permite reconocer como activos de alta liquidez a bonos de empresas y, más peligroso aún, títulos respaldados por hipotecas, es decir, todos aquellos valores que en 2008 fueron los que “gatillaron” la crisis financiera mundial.
El argumento de “persuasión” que emplearon los banqueros está asociado a la baja rentabilidad que significa mantener títulos de bajo riesgo como son los valores públicos (letras y bonos), que afectaría su capacidad de generación de utilidades y capitalización; además, con la alta probabilidad de generar racionamiento de crédito para la pequeña y mediana empresa, frenando la recuperación económica.
Ante este panorama, queda por esperar la posición de los reguladores nacionales y su enfoque respecto a la posibilidad de flexibilizar algunas normas de prudencia financiera. Las señales de una estricta fiscalización, orientada a preservar la estabilidad de la industria de la intermediación en Bolivia, aún son poco claras. Por un lado, se viene una nueva Ley de Servicios Financieros que incide en una adecuada gestión de riesgos (incluido el de liquidez) y por otro, disposiciones flexibles que afectan en la valoración de riesgos y su cobertura.
Es también importante que los operadores privados sean cautelosos en la determinación de los riesgos que perfilan asumir, ante la posibilidad de enfrentar restricciones del ente regulador; y que el principio de preservación de un sistema financiero saludable sea el predominante, antes que la búsqueda de rentabilidad, que exponga la fortaleza de la industria.
Si la tendencia mundial es, nuevamente, desregular al sistema financiero, en Bolivia reguladores y operadores privados debieran cerrar filas, promoviendo mecanismos de fortalecimiento patrimonial y oportunidades de generación de rentabilidad necesaria para la recapitalización sin asumir riesgos que expongan los depósitos del público.
El Gobierno debiera tener una posición clara y firme para evitar el retroceso en los logros regulatorios de prudencia alcanzados, fortaleciendo al ente regulador y brindando las condiciones para que los operadores privados realicen transacciones “bien” evaluadas; porque si Bolivia y sus agentes financieros asumen las decisiones del comité de Basilea, se podría debilitar al sistema financiero nacional.
