El Gobierno celebró el reingreso de Bolivia a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 de la ONU, esta vez con la reserva sobre la legalidad del acullico tradicional. Pese a la oposición de algunos países, culminó una gestión diplomática exitosa, que logró demostrar ante la comunidad internacional el anacronismo de la criminalización del masticado de la hoja de coca, práctica por la que si bien no se ha perseguido ni encarcelado a nadie en Bolivia, no podía seguir siendo asociada con la cocaína.
Ha sido importante visibilizar la distinción entre la milenaria práctica del acullico de coca y la elaboración y comercialización ilícita de estupefacientes prohibidos a partir de su contenido de alcaloides, por lo que es encomiable la acción gubernamental. Pero también es oportuno reflexionar sobre los alcances y eficacia de esta Convención a la que triunfalmente se “reingresa”, y lo que representa en términos de las políticas del sistema internacional de fiscalización de drogas. Después de medio siglo de vigencia como instrumento legitimador de la llamada “guerra a las drogas” que impulsó EEUU, parece haber consenso en su fracaso, su altísimo costo humano y financiero, y la necesidad de abrir un debate serio y participativo para su transformación integral.
Uno de los documentos más reveladores y críticos sobre este panorama es el Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas de junio de 2011. Esta comisión integrada por científicos, intelectuales, políticos, exdignatarios de Estado y activistas en derechos humanos ha significado el fracaso de la guerra y sus graves consecuencias para la sociedad. Con información sobre el incremento en la producción, distribución y consumo (por ejemplo, el consumo anual de cocaína creció un 27% entre 1998 y 2008) sostiene la ineficacia de las políticas en curso, particularmente la criminalización y represión que no logra reducir el fenómeno, pues siempre surgen nuevas fuentes de oferta que alientan el lucrativo negocio del tráfico ilícito. La interdicción encarceló a millones de personas, destruyendo vidas y familias sin reducir el narcotráfico que sigue creciendo con más gente que se involucra para eludir la pobreza o enriquecerse. Desarrolla principios para orientar una nueva política que tienen relación con reducir los daños a la salud, la seguridad y el bienestar de las personas y la sociedad; el respeto por los derechos humanos y la salud pública y la responsabilidad compartida, global e integral. Formula recomendaciones concretas: romper el tabú abriendo el debate sobre políticas efectivas; sustituir la criminalización por ofertas de salud y tratamiento; mejorar mediciones; cuestionar conceptos erróneos; penas alternativas; inversión en prevención enfocada en la juventud; tratamiento de dependientes; liderazgo global de la ONU en la reforma; y actuar con urgencia… “puesto que la guerra a las drogas ha fracasado, se necesita cambiar las políticas ya”.
Esta inquietud tiene eco en algunos círculos de opinión en EEUU, uno de los principales mercados de droga ilícita. Hace poco, el Wall Street Journal publicó un artículo de opinión de G. Becker, premio Nobel de Economía, quien junto a K. Murphy sostiene que después de cuatro décadas de experimentos fallidos en la lucha contra la droga, el costo humano se ha tornado demasiado alto. Destacan que en México, desde 2006 han muerto más de 50 mil personas, más víctimas que las perdidas por los americanos en la guerra de Vietnam, por lo que elaboran argumentos en favor de la descriminalización del uso y el mercado de drogas, y recomiendan a los líderes de los diferentes países a finalizar este dilatado y destructivo experimento.
La batalla por el acullico y el reingreso a la Convención deben trascender el escenario local, y Bolivia debe promover, con igual coraje y mayor pluralismo, el debate sobre la inacabada guerra a las drogas.
