Las denuncias contra una red de funcionarios de nivel medio, jueces y fiscales acusados de extorsiones fue una bofetada en pleno rostro del Gobierno masista. Todo parece indicar que “alguien” con poderes absolutos logró frenar mayores indagaciones sobre otros focos de corrupción económica y política, que siguen operando sin que nos hayamos enterado.
Repasando cada día las informaciones que llegan por internet, me espanta la extensión y gravedad de las distintas formas de corrupción que aumenta en casi todo el mundo. Para complicar la cosa, la delincuencia económica financiera y política va aplicando nuevos y complejos artificios con el fin de soslayar la acción de la ley. A tal extremo que un fiscal español opinaba hace unos días que “es más difícil desarticular la corrupción de moqueta que la de metralleta”.
La moqueta que amortigua el ruido de los pasos en un juzgado bien alfombrado es más sofisticada que la banda de asaltantes arma en mano.
Se da el hecho cada vez más frecuente de personajes públicos y sus familiares, supuestamente honrados, que aparecen cualquier día enredados en negocios turbios, en habilísimas operaciones multimillonarias, evasiones al fisco y demás artilugios, ilícitos pero muy rentables, que quedan impunes. De esta manera la desmoralización se extiende como plaga de langostas destructivas de los fértiles trigales.
En efecto, los agentes judiciales advierten que cada vez llegan a sus despachos asuntos más complejos. Y no siempre los fiscales y los jueces están en condiciones de descifrar las claves de la corrupción. Se requiere una mente muy lúcida o un especial conocimiento de los vericuetos por los que discurren las operaciones financieras más refinadas, para descubrir dónde está el punto de inflexión entre el negocio limpio y la gran estafa.
Uno de los problemas está en que el Derecho no es una ciencia matemática como dos por dos son cuatro. Y que entre el delito y el juzgador existe una zona subjetiva de valoración, de tal manera que el fallo que emita el juzgador depende no sólo del precepto legal escrito y codificado, sino también la valoración subjetiva del jugador, pues existe en los jueces y fiscales un elemento subjetivo de valoración de la prueba. Unos juzgadores, en buena conciencia, serán más rigurosos que otros al dictar la sentencia final. Y es en ese limbo impreciso del que se aprovechan los corruptos para llevar a cabo sus multimillonarias tropelías.
Éste es el caso que merece nuestra atención: la red de corrupción y extorsión. ¿Por qué unos empleados públicos de nivel medio han caído en manos de la Justicia, y en cambio, otros de nivel más elevado parecen intocables, a pesar de estar salpicados? ¿Hasta dónde alcanzará la corrupción de moqueta?
