Apenas conocidos los primeros resultados del Censo de Población y Vivienda de 2012, en el país se ha activado el debate político en torno a dos temas polémicos: la distribución de recursos de coparticipación tributaria y la redistribución de escaños en la Asamblea Legislativa. Este debate, de suyo necesario, ha caído, sin embargo, a niveles inaceptables.
Según los datos divulgados el miércoles por el Presidente del Estado, la población boliviana llegó a 10.389.913 habitantes, lo que significa un incremento neto de 2.115.588 personas o 26% de la población desde 2001, dato que también puede ser interpretado como que hubo una tasa de crecimiento intercensal de 2,03%. El crecimiento de la población por departamento fue significativamente mayor en Pando, donde hubo un incremento de habitantes del 108%; le sigue Santa Cruz, con un crecimiento de 37%; en tercer lugar está Cochabamba, con 33%; en cuarto, Tarija, con 30%; y le siguen Oruro, con 25%, La Paz y Beni, con 17%; y Potosí y Chuquisaca con 13%.
Sin embargo, aún sin conocerse todos los datos referidos a la población, sino únicamente los que se comenta, desde la clase política, y por extensión en los medios de comunicación y parte de la opinión pública, ya se ha instalado el debate sobre el número de escaños y sobre los recursos de coparticipación, pues es evidente que debe modificarse el monto de recursos entregados a los departamentos y municipios, así como la cantidad de representantes de cada departamento en el Órgano Legislativo.
Lo malo de este inicio de proceso es el tono y, sobre todo, los argumentos esgrimidos, pues daría la impresión de que se intenta adaptar la realidad a las expectativas, pues el Gobernador cruceño sugirió la posibilidad de hacer un censo departamental para rebatir los datos del INE, secundado por el comité cívico cruceño; y al día siguiente se hizo idéntica propuesta desde la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija. Y no sólo eso, sino que otros legisladores, nacionales y departamentales, han comenzado a pedir no redistribución, sino incremento de escaños, como si esto fuera fruto de una simple operación matemática.
Lo peor de todo es que todas las voces que se manifiestan, desde el oficialismo y la oposición, revelan que nadie está pensando en el país en su conjunto, sino únicamente en las regiones, lo que a su vez explica por qué es tan difícil la integración nacional, mientras perviven los regionalismos.
Respecto de ambos temas, ya se han pronunciado los ministros de Planificación y de Economía, señalando que, primero, hay que esperar los resultados finales del censo y, segundo, que cualquier redistribución debe pasar por una ley específica. Hay que desear, entonces, que, hacia adelante, el debate se base en la búsqueda del bien común y no en mezquinos apetitos políticos.
