Del norte nos llega muy fresca la noticia de que Obama va a enjuiciar a la calificadora de riesgo Standard and Poor’s (S&P), que tan generosamente fue la primera en subir las calificaciones para la emisión de deuda soberana del Estado boliviano, allá por 2012. Resulta que el Gobierno de EEUU piensa que fue fraudulenta la calificación que S&P dio a los bonos hipotecarios en los meses previos a la debacle de la actual crisis financiera, iniciada en 2008.
Con dichas calificaciones fraudulentamente altas, los inversores confiaron en que aquellos activos que compraban eran confiables, e invirtieron mucho dinero en ellos (plata de verdad, pues estamos hablando de miles de millones). Entre los inversores que más dinero inyectaron en los bonos hipotecarios (que eran bonos-basura) están los fondos de pensiones, que tienen restricciones para invertir en activos que deben tener un piso de calificación de riesgo. Consecuentemente, la crisis que se veía venir fue sobrealimentada gracias a las calificaciones emitidas por S&P; pero además, miles de trabajadores vieron disminuir sus fondos de retiro de manera considerable.
Definitivamente no es un buen momento para S&P. En Italia, desde 2012, la firma está enfrentando las acusaciones de un grupo de fiscales que sostienen que la calificadora contribuyó a la fuga de capitales de inversión de Italia, con reportes que disminuyeron su calificación de deuda, basándose en información errada.
También a fines del año pasado, S&P tuvo un fallo en contra por parte de una corte en Australia, por haber establecido calificaciones de riesgo triple A (la más alta) para emisiones de derivados financieros (CPDO’s, en inglés o, en buen romance: obligaciones de deuda de proporción constante) que, al ser compuestos con activos financieros “basura”, finalmente colapsaron. Aquellas calificaciones de S&P fueron juzgadas como “engañosas”.
En el centro de la polémica está el hecho de que las calificadoras de riesgo viven de las tarifas que les cobran a las entidades que emiten los mismos activos financieros que ellas califican; esencialmente los bancos y los fondos financieros. Naturalmente, se presenta un problema si una entidad le paga a una calificadora para emitir un veredicto sobre un activo financiero X, y la calificadora no le da una buena nota: el cliente (la entidad financiera) podría ir a hacerse calificar con otra agencia.
Pero además está el hecho de que una buena o mala calificación de riesgo tiene múltiples implicaciones para la población: define si un gobierno puede o no emitir deuda soberana en condiciones ventajosas (y, por lo tanto, si puede cumplir sus obligaciones relacionadas con la provisión de servicios sociales); define si los fondos de pensiones ganan o pierden la plata de los trabajadores que invirtieron en ellos para su jubilación; y también define si la liquidez disponible en los mercados financieros va a inflar una burbuja hipotecaria (como en 2008) o va a financiar inversiones en empresas de alta innovación tecnológica.
El problema es muy complejo. Y hay pocas maneras de resolverlo. De momento, ante la gran preeminencia (aún) detentada por S&P y Moody’s, los chinos crearon Da Gong, su propia empresa calificadora, fuertemente apoyada por el Banco Popular de China. Pero, claro, para contar con una agencia calificadora nacional que compita con las grandes se requiere también el tamaño de la economía china.
El rol del Estado, por lo tanto, es crucial para determinar hasta qué punto, bajo qué alcance y en qué condiciones pueden estas agencias desarrollar su trabajo. El juicio iniciado en EEUU probablemente dará pautas sobre este tema, para el futuro próximo.
