El anuncio de Obama sobre iniciar un proceso legal por fraude a Standard& Poors (S&P), una de las agencias calificadoras de riesgo más importantes del mundo, ha causado una serie de reacciones sobre la idoneidad, transparencia y capacidad técnica que tienen estas instituciones para influenciar a los inversionistas sobre la calidad de los activos financieros que adquieren.
El objetivo de una agencia calificadora de riesgos es determinar y exponer, de manera independiente, la capacidad que tiene un título valor o un activo (bono, pagaré, créditos y otros emitidos por un gobierno, una empresa o un banco) de ser honrado en el tiempo, devolviendo a los inversionistas la totalidad del capital invertido más los intereses.
El gobierno de Obama considera que S&P emitió calificaciones de bajo riesgo a títulos hipotecarios de dudosa recuperabilidad, sobrestimando la calidad de los mismos. Títulos “basura” que en 2008 fueron, en cierta medida, responsables de la mayor crisis financiera internacional desde la gran depresión de 1929. A su vez, S&P asume que esta acción del Gobierno estadounidense es un “ajuste de cuentas”, por haber reducido la calificación de riesgo a la deuda soberana de ese país (triple AAA, la mejor calificación que un título puede obtener), durante el medio término del gobierno de Barack Obama.
Más allá del trasfondo político y la tensión entre Washington y Wall Street, queda en evidencia que las agencias de riesgo no cuentan con los suficientes controles ni fiscalizaciones por parte de las autoridades públicas al momento de emitir sus dictámenes, que en el ámbito financiero significan varios cientos de miles de millones de dólares, euros y bolivianos que se pueden perder o ganar, enriqueciendo a pocos y empobreciendo a muchos.
Las agencias de calificación de riesgo son únicamente una pieza del rompecabezas institucional responsable de la crisis financiera internacional. Responsabilidad que involucra, en primer lugar, a los bancos/banqueros que emitieron los títulos “basura”, luego a las autoridades gubernamentales que permitieron realizar estas operaciones, después a las empresas de auditoría externa que validaron los estados financieros, y finalmente a los especuladores que hicieron ganancias sin haber asumido ningún riesgo.
Bolivia está próxima a emitir nuevamente bonos por $us 500 millones en los mercados financieros internacionales, y lógicamente será merecedora de una calificación de riesgo. Por tanto, es importante que las autoridades monetarias y financieras encargadas de la emisión conozcan a cabalidad el método de evaluación del riesgo soberano, porque dados los antecedentes de las agencias, éstas podrían sobrestimar o subestimar la calidad de los títulos bolivianos, a través de una calificación que podría afectar la credibilidad económica del país y su imagen a nivel internacional en el largo plazo.
